Las autoridades de México han anunciado la formación de una red nacional para registrar y buscar a los desaparecidos del país; un tardío reconocimiento de un problema endémico vinculado al crimen organizado.
Durante una reunión el 29 de noviembre, en el estado de Sinaloa, los funcionarios de la Procuraduría General de la República acordaron revisar el sistema actual para los casos de desaparición -que dicta que deben pasar 72 horas antes de que las autoridades actúen, una vez una persona ha sido reportada como desaparecida- a favor de comenzar las búsquedas inmediatamente, informó Proceso.
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El acuerdo no sólo debe acelerar el registro de personas desaparecidas, sino también provocar una reacción más rápida por parte de las unidades federales y estatales encargadas de la investigación de casos. Según Proceso, la Procuraduría General de la República fortalecerá el esfuerzo mediante la consolidación de sus bases de datos de huellas dactilares e información genética, con el fin de integrar las investigaciones forenses a nivel nacional.
Análisis de InSight Crime
El reconocimiento de que se debe que dedicar más atención y recursos para encontrar a las personas desaparecidas, es un desarrollo bienvenido, aunque tardío. Sin embargo, dadas las acusaciones de la participación de las fuerzas de seguridad mexicanas en algunos casos de desaparición, y con la corrupción siendo un problema constante entre las autoridades locales y estatales, no está claro cuán eficaces serán las nuevas medidas.
Las desapariciones en México llegaron a ser un problema grave bajo el gobierno del expresidente Felipe Calderón. Una lista publicada por una ONG el año pasado ubicó el número total de personas desaparecidas bajo el gobierno de Calderón en 20.851, mientras que un informe posterior sugirió que esa cifra era incluso mayor: 26.567. Las desapariciones se concentran en algunas de las regiones más afectados por la violencia en el país, mientras que las mujeres a menudo han desaparecido de las zonas rurales -un hecho que sugiere la participación de las redes de trata de personas, así como casos relacionados con el tráfico de drogas.
La desaparición de las víctimas se ha convertido en una forma común para los grupos criminales mexicanos que cometen actos de violencia sin llamar la atención no deseada por parte de las autoridades, con el gobierno mexicano en el pasado vinculando a las víctimas a la criminalidad y mostrando poca voluntad política para perseguir los casos.
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