Los conductores de taxi en una isla venezolana, y popular destino turístico, han exigido la acción sobre una ola de secuestros "express"; un crimen que se ha vuelto cada vez más común en las ciudades latinoamericanas.
En los primeros 15 días de julio, ocho taxistas fueron secuestrados para pedir rescate en Isla Margarita, según José Luis Isase, presidente del Sindicato Único de Transportes de Nueva Esparta, informó Globovisión. Las familias de los conductores se vieron obligadas a pagar entre alrededor de US$2.000 y US$16.000 para su liberación, según el tipo de vehículo de propiedad del conductor.
Isase dijo que tenía miedo de que algunos taxistas terminaran muertos si no podían pagar los altos rescates exigidos, señalando que en algunos casos, compañeros de trabajo han tenido que juntar dinero entre ellos para rescatar a sus colegas.
Los taxistas se reunieron el 16 de julio para pedir ayuda al gobierno regional y buscar una solución al problema, el cual es un fenómeno nuevo, según Isase.
Análisis de InSight Crime
El secuestro express se ha convertido en una forma común para que los criminales de Latinoamérica logren obtener dinero rápido; con ejemplos de alto perfil, incluyendo el breve secuestro del embajador mexicano en Caracas en 2012, y el reciente homicidio de un agente de la DEA en Bogotá, Colombia, durante un secuestro express que salió mal. La extorsión de los trabajadores del transporte público, incluyendo los taxistas, también es un problema grave en varios países de la región.
Según el INCOSEC, un centro de investigación de Venezuela, los secuestros aumentaron un 60 por ciento en el país en 2010, y un criminólogo informó que Venezuela tuvo el octavo número de secuestros más alto del mundo en 2012: 1.970 casos. Esta es sólo una manifestación de la violenta criminalidad que azota a Venezuela, donde se observaron cifras de homicidios récord en el primer trimestre de 2013.
En este contexto de inseguridad, los venezolanos tienen poco acceso a los mecanismos de justicia o a la seguridad del Estado. Aunque el gobierno ha tomado recientemente algunas medidas para combatir la criminalidad, un nuevo índice del imperio de la ley creado por el Proyecto Mundial de Justicia (World Justice Project) ubica al sistema judicial de Venezuela entre los más disfuncionales del mundo, mientras que una encuesta de Transparencia Internacional encontró que muchos venezolanos están obligados a pagar sobornos a la policía.
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