Nuevos detalles sobre la incursión de milicias en zonas rurales de Brasil revelan el crecimiento y la adaptación de estos grupos criminales en regiones estratégicas del país.
Una nueva investigación del diario O Globo, publicada el 5 de agosto, identificó la presencia de milicias en al menos 12 de los 26 estados de Brasil.
Su expansión territorial, según la publicación, estaría acompañada de prácticas de deforestación y acaparamiento ilegal de tierras y responde también a intereses de políticos y empresarios locales.
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Este tipo de incursiones también fueron denunciadas en la investigación denominada Operación Ojoura, impulsada en mayo de este año por la Policía Federal (PF) y la Fuerza de Tarea Amazónica del Ministerio Público Federal (MPF).
Los resultados de este operativo revelaron la participación de empresarios y agricultores que estaban conformando milicias rurales en la región de Boca de Acre y Labrea, en el estado de Amazonas, al norte del país.
Según O Globo, las milicias fueron contratadas para llevar a cabo desalojos forzosos y ocupar terrenos utilizando medios represivos, como amenazas con armas de fuego.
Análisis de InSight Crime
La presencia de milicias en casi la mitad de los estados de Brasil evidencia algunos de los mayores problemas de seguridad que sufre el país, y resulta más grave por el hecho de que al parecer son aprobadas por altos mandos.
Este tipo de estructuras criminales están compuestas en su mayoría por agentes policiales activos y en retiro, quienes son contratados por empresarios y terratenientes para que utilicen toda su fuerza para desalojar campesinos y apropiarse de las tierras.
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La corrupción que sufren las fuerzas de seguridad del país, sumado a que los incentivos económicos que ofrecen las milicias usualmente superan los del gobierno, es una combinación peligrosa que facilita la expansión de estos grupos.
Como InSight Crime ha informado anteriormente, el fenómeno de las milicias se ha expandido por fuera de Río de Janeiro en los últimos años, debido a que las condiciones que favorecieron su nacimiento están presentes en todo el país.
Julio Altieri, empleado de Amarante, empresa de consultoría en seguridad en Río de Janeiro, dijo a InSight Crime que las limitaciones en los presupuestos para la seguridad, las dificultades económicas de Brasil y las estrategias enfocadas en la inversión en planes militarizados ineficaces y a corto plazo permiten que este problema se agrave.
Otro de los factores que puede perjudicar los planes contra estos grupos ilegales es la retórica oficial:
Cuando era senador en 2008, el ahora presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que las milicias “brindan seguridad y, por lo tanto, mantienen el orden y la disciplina en las comunidades. Eso es lo que se llama una milicia. El gobierno debería apoyarlas, ya que no puede luchar contra los narcotraficantes. Y tal vez en el futuro debería legalizarlas”.
La relación entre organizaciones paramilitares y sectores políticos y empresariales no es un fenómeno nuevo en América Latina. En Colombia, por ejemplo, una investigación de la Fiscalía puso al descubierto la financiación de grupos paramilitares por parte de empresarios bananeros entre 1996 y 2004. Estas contribuciones económicas permitieron la consolidación de estos grupos en la zona de Urabá, en el noroeste de Colombia.
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