El testigo clave en contra del presunto narcotraficante centroamericano conocido como "Repollo", dice que sobornó a jueces de El Salvador para que retiraran los cargos de narcotráfico antes de volverse testigo del estado. El caso pone de manifiesto la corrupción que ha entorpecido los procesos relacionados al crimen organizado en ese país.
El testigo, mencionado en La Prensa Gráfica como "Omega" y no identificado de otra manera, fue detenido en El Salvador en 2011 al intentar vender un kilo de cocaína presuntamente perteneciente a Jorge Ulloa Sibrian, alias "Repollo". Repollo está acusado de traficar cerca de 10 toneladas de cocaína.
El caso de Omega fue juzgado en un tribunal de San Salvador, donde sus cargos se redujeron de narcotráfico a posesión, y más tarde pasó a un tribunal de San Juan Opico, donde los cargos fueron retirados por completo. En febrero de 2013, un tribunal de apelaciones revocó la decisión judicial y condenó a Omega a tres años de prisión por cargos de posesión, informó el diario.
Después de la sentencia, Omega comenzó a cooperar con las autoridades en el caso de Repollo y su pena privativa de libertad fue cambiada por servicio comunitario y una multa.
Durante su testimonio, Omega declaró que había sobornado a dos jueces para obtener su libertad en 2011. Él supuestamente pagó US$5.000 a la jueza de San Salvador, Ana Lorena Rodríguez; US$10.000 al juez de San Juan Opico, David Amael Morán Ascencio; y otros US$5.000 al fiscal del caso.
Los dos jueces implicados han negado las acusaciones, aunque el fiscal Moran - quien fue vinculado a un caso de fraude de 2010 - dijo que le habían ofrecido dinero.
Análisis de InSight Crime
Las acusaciones de corrupción judicial no son nuevas en un país donde un estimado del 80 por ciento de los jueces están bajo investigación por actividades irregulares. Pero el caso de Repollo lleva algún peso extra debido al tamaño del blanco y las recriminaciones públicas que pueden estar próximas.
Como ha señalado InSight Crime, la red de Repollo se extendía a través de Centroamérica, y hacia Colombia y México. Ya ha atrapado a políticos y ahora a jueces, y podría causar más repercuciones en las próximas semanas.
A medida que estas conexiones oficiales con el crimen organizado se hacen públicas, el caso podría llegar a ser una prueba de fuego para el sistema judicial de El Salvador para ver si tiene la capacidad (y el estómago) para procesar a los criminales de alto nivel que pueden implicar a personal del gobierno de alto nivel, y si nuevas investigaciones penales resultarán de estas acusaciones.
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