Un testigo importante en los amplios esfuerzos que libra Guatemala contra la corrupción parece haber entregado testimonios que permiten avances en varios casos, lo que recuerda el rol crucial que puede tener la cooperación de testigos en investigaciones contra el crimen organizado.
Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la exvicepresidenta de Guatemala en la cárcel, fue interrogado por los fiscales durante 14 horas el 25 de agosto; allí reveló nuevos detalles sobre la presunta corrupción durante el ejercicio de su exjefa, según información de Prensa Libre.
Monzón se entregó a las autoridades en octubre de 2015, y posteriormente entregó evidencia de su participación en un buen número de estructuras de corrupción orquestadas por la exvicepresidenta Roxana Baldetti y el expresidente Otto Pérez Molina.
Ahora, Monzón parece haber entregado a las autoridades evidencia adicional que implica al juez de la Corte Suprema y a la exdirectora del registro de la propiedad del país en casos separados de malos manejos.
Como lo dijo un usuario en las redes sociales, "Juan Carlos Monzón está cantando" y "tiene más canciones que Juan Gabriel", en referencia a la celebridad musical mexicana recientemente fallecida.
El 1 de septiembre, menos de una semana después de la maratónica reunión de Monzón con los fiscales, los fiscales especializados contra la corrupción acusaron al juez de la Corte Suprema Douglas René Charchal de asociación ilícita y tráfico de influencias por su presunta participación en una trama de corrupción en relación con el contrato de construcción de un puerto.
Los cargos contra el juez tienen relación con las acusaciones contra Baldetti y Pérez Molina por solicitar y recibir millones de dólares en coimas de una empresa española a cambio de la concesión de un jugoso contrato de desarrollo portuario. Charchal está acusado de usar su posición para ayudar a facilitar la concesión del contrato a cambio de un vehículo de lujo blindado.
Los jueces de la Corte Suprema en Guatemala por lo general están protegidos de procesos por dichos delitos, pero el congreso revocó la inmunidad de Charchal en mayo pasado a petición del Ministerio Público.
También el 1 de septiembre, las autoridades anunciaron los arrestos de cerca de doce sospechosos en otros casos de corrupción, entre ellos la exdirectora del Registro General de la Propiedad (RGP), Annabella de León.
Los fiscales acusaron a De León de aprobar por lo menos 16 "plazas fantasmas" en el RGP, por las que se pagaron cerca de US$400.000 en salarios a "empleados" que no desempeñaron ningún trabajo para el organismo.
El organismo regentado por De León también pagó supuestamente casi US$19.000 por un desayuno para 564 personas en un restaurante llamado Fulanos y Menganos, de propiedad del delegado del Parlamento Centroamericano Ottmar Sánchez. Los fiscales dicen que el organismo pagó deliberadamente un sobrecosto por los servicios prestados.
Análisis de InSight Crime
Aunque las autoridades no han confirmado que el testimonio de Monzón llevara a la reciente imputación de Charchal y al arresto de De León y otros sospechosos, el momento en que se ejecutaron estas acciones —y la evidencia usada para justificarlas— sugiere un nexo sólido. Y sea o no el caso, la anterior cooperación de Monzón con las autoridades anticorrupción constituye un recordatorio de que la cooperación de testigos puede servir como fuente importante de información para el avance de investigaciones de crimen organizado por parte de las autoridades.
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Al mismo tiempo, los testigos que colaboran muchas veces reciben beneficios legales a cambio de implicar a otros sospechosos. Esto puede llevar a la percepción de que su testimonio no es confiable o de que esos testigos reciben un castigo no proporcional a sus actividades ilegales. Queda por ver qué beneficios, si los hay, recibe Monzón a cambio de su cooperación, pero sus abogados ya han dicho que pedirán para él la sentencia más baja posible, aun cuando estuvo en el centro de las actividades corruptas de la anterior administración.
Un tratamiento indulgente para Monzón a cambio de su testimonio puede generar críticas por parte de quienes resulten inculpados y de sus aliados. Por otro lado, algunos observadores ya han señalado que a Monzón debería dársele un premio por su presentación… un Grammy.