Declaraciones en el caso de un incidente que ocurrió en México el pasado mes de junio, durante el cual murieron 22 personas, sugieren que altos funcionarios militares estaban al tanto de la situación e incluso pudieron haber ordenado un encubrimiento, lo cual sustenta aún más las denuncias de que las víctimas fueron ejecutadas.
Funcionarios que han seguido de cerca el caso le dijeron a Animal Político que los soldados implicados en el incidente declararon inicialmente que por lo menos dos generales estaban al tanto de los hechos que ocurrieron en una bodega en el municipio de Tlatlaya el 30 de junio. Al parecer, los soldados también afirmaron que sus superiores les ordenaron acordonar la zona donde ocurrió el incidente para impedir el ingreso de funcionarios civiles.
Dos de los testimonios tomados durante una investigación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México indican que a los soldados se les ordenó establecer puestos de control alrededor de Tlatlaya para “dar tiempo a que los compañeros verificaran y dejaran lista la escena del crimen”. Una de las declaraciones durante el caso también indicó que personal militar impidió que funcionarios civiles ingresaran al área, diciéndoles que los enfrentamientos aún continuaban, aunque en realidad habían terminado horas antes, informó Animal Político.
Sin embargo, los soldados cambiaron sus declaraciones después de que recibieron órdenes de dejar a sus abogados y solo aceptar asesoría legal de abogados designados por el ejército, según Animal Político.
Análisis de InSight Crime
De ser ciertas, las declaraciones iniciales de los soldados apoyan la hipótesis de que lo que se describió oficialmente como un enfrentamiento entre militares y presuntos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos fue en realidad una masacre. Las declaraciones sugieren que quizá altos funcionarios oficiales ordenaron un encubrimiento con el fin de mostrar el incidente como si hubiera sido un tiroteo.
Esta versión de los hechos es apoyada por los hallazgos de la CNDH, que afirma que el ejército ejecutó a 15 de los 22 presuntos criminales después de que siete murieron durante el enfrentamiento inicial. La CNDH también determinó que la escena del crimen fue alterada y que dos declarantes de sexo femenino fueron torturadas y acosadas sexualmente.
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Esta no sería la primera vez que fuerzas de seguridad mexicanas presuntamente han cometido abusos de derechos humanos en el contexto de la militarizada guerra contra las drogas en México. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha presentado informes sobre un alto número de presuntos criminales muertos en supuestos “enfrentamientos”, en contraste con un número relativamente bajo de personal militar —una diferencia que podría indicar ejecuciones extrajudiciales—. Un informe presentado por Amnistía Internacional en 2013 también condenó lo que describió como abusos a manos de las fuerzas de seguridad de México.
El reciente caso de Iguala, en el cual desaparecieron 43 estudiantes inconformes, puede también involucrar a personal militar. Según una investigación periodística, el ejército estaba al tanto de los ataques contra los estudiantes, y los investigadores han lanzado la hipótesis de que los cuerpos de los estudiantes pudieron haber sido incinerados en hornos crematorios militares.
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