Tiroteos provocan militarización de prisiones en Honduras

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A raíz de un tiroteo en una cárcel que dejó tres muertos en Honduras, las autoridades han anunciado mayores medidas de seguridad para prevenir que más armas ingresen al sistema penitenciario, donde la falta de seguridad interna y las pésimas condiciones siguen alimentando la violencia.

Tres reclusos murieron y otros 12 resultaron heridos en un enfrentamiento el 2 de agosto en la Cárcel Nacional Aurelio Soto Marco en Tamara, a las afueras de Tegucigalpa, en el que se utilizaron rifles de asalto AK-47 y granadas.

Según funcionarios citados por Univisión, el enfrentamiento se produjo después de que un preso apuntara con un arma a un miembro de la pandilla Barrio 18, lo que provocó una represalia violenta; mientras que, por su parte, La Tribuna informó que los disparos provinieron de miembros de las pandillas de Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS13).

Tras el incidente, el ejército y la policía han tomado el control de la seguridad interna, por un período de 90 días, de la cárcel de Tamara y las cárceles de San Pedro Sula, informó La Nación. El gobierno también anunció planes para comenzar a clasificar a los prisioneros y grabar sus llamadas telefónicas, escribió La Prensa.

Mientras se investiga el incidente, las autoridades encontraron AK-47, mini Uzis, 40 revólveres, y 11 granadas de fragmentación; y dijeron que había más armas ocultas en caletas en las paredes y pisos de la prisión, según La Tribuna.

Análisis de InSight Crime

El sistema penitenciario hondureño sufre de hacinamiento y la violencia es endémica, -el país registró el mayor número de muertes de prisioneros en Centroamérica entre 2011 y 2012 (aunque este número fue inflado por un incendio que mató a cientos de reclusos)-. Un informe publicado recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que 11.709 prisioneros están siendo detenidos en un sistema construido para 8.120, con sólo cuatro de los 24 centros penitenciarios por debajo de su capacidad.

El informe de la CIDH también señaló la falta de control y transparencia como serios problemas del sistema, siendo la seguridad interna a menudo controlada por los mismos presos. La prisión Marco Aurelio Soto está efectivamente controlada por los “toros” -los jefes de los reclusos-, que cobran impuestos e imparten castigos a otros presos. Cualquier intento por romper este control criminal de la vida en prisión probablemente enfrentará una gran resistencia -y puede haber sido un factor en la reciente violencia-.

Ya sea que el reciente brote de violencia estuvo relacionado con las rivalidades entre pandillas o con las tensiones con las autoridades, no presagia nada bueno para la naciente tregua de pandillas del país -lo que prácticamente requerirá el apoyo de los líderes pandilleros encarcelados para que funcione-.

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