La actual toma de rehenes en una cárcel venezolana pone al descubierto el caos del sistema penitenciario del país, lo que demuestra cómo los reclusos no solo controlan las cárceles, sino que también han adquirido práctica en presionar al gobierno para que acceda a sus demandas.
El 8 de septiembre, reos de una estación de policía en el estado venezolano de Táchira tomaron a doce personas como rehenes —diez que visitaban a sus familiares y dos agentes de policía— para protestar por las condiciones de reclusión y exigir su traslado a la penitenciaría de Tocorón en el estado de Aragua, según informes de El Universal.
La cárcel de Táchira se había concebido en su origen como un centro de detención provisional, donde los detenidos no pasarían más de 48 horas. Según RunRun, se encuentra al 292 por ciento de capacidad, con 350 internos a pesar de que solo tiene capacidad para 120.
En la actualidad, 11 personas siguen retenidas, y los internos liberaron a una mujer en embarazo una semana después del rapto inicial. Los presos que dirigen la toma de rehenes han estado comunicándose con el exterior mediante mensajes en video.
El 26 de septiembre, los presos divulgaron un video e imágenes de un compañero preso, identificado como un jefe paramilitar conocido con el alias de "Comandante 33", con el dedo mutilado. El hombre parecía haber sido golpeado y torturado, y supuestamente no había pagado sus cuotas de extorsión a los cabecillas de los reclusos en la cárcel. El video buscaba presionar a los funcionarios para que respondieran a las demandas de traslado de la prisión para evitar que los rehenes sufrieran una suerte parecida, informó Sumarium.
El 28 de septiembre, el comisionado de seguridad ciudadana de la gobernación del Táchira, Ramón Cabeza Ibarra, aseguró que todos los rehenes gozaban de salud y no habían sufrido maltrato, pero añadió que ningún policía había entrado a la cárcel. El mismo día, miembros del comité de la Asamblea Nacional Venezolana a cargo del sistema carcelario (Comisión Permanente de Culto y Régimen Penitenciario) discutieron soluciones a la crisis de rehenes con el jefe del comité, Richard Blanco, y este se ofreció a actuar como intermediario y negociador.
El defensor del pueblo venezolano Tareck William Saab reconoció las malas condiciones de encierro en todo el país y anunció que su despacho también está trabajando para resolver la situación en Táchira.
Análisis de InSight Crime
La toma de rehenes en Táchira es un indicador más del caos que vive el sistema penitenciario en Venezuela. Los prisioneros controlan abiertamente la mayoría de las cárceles del país, y líderes reclusos, conocidos como "pranes", dirigen las actividades cotidianas de la vida en el encierro.
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Esta ausencia del estado entre los muros de la prisión ha dado lugar a prósperas economías clandestinas. Por ejemplo, en la prisión de San Antonio en isla Margarita, los reclusos abrieron hasta un club nocturno, y usan teléfonos inteligentes para coordinar los eventos e invitar a amigos y familiares. En la cárcel de Tocorón en Aragua —adonde los reclusos desean ser trasladados— los presos han puesto un mercado, donde incluso los residentes locales van a comprar víveres—, y se dice que el centro de reclusión tiene además un club nocturno, piscina y un “banco” para presos.
La táctica de secuestrar a empleados de la cárcel y a parientes en protesta por las condiciones de encierro y para asegurar concesiones de los funcionarios de la cárcel también ha sido un lugar común entre los presos venezolanos; en algunos casos, familiares de los reclusos se prestan para participar. Por ejemplo, los reos de la Penitenciaría General de Venezuela secuestraron recientemente a 23 empleados de la prisión, y al final obligaron al gobierno a trasladar a más de 2.500 detenidos a su prisión, para que los líderes de los presos pudieran cobrarles las extorsiones.
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