La Procuraduría General de la República de México ha advertido acerca del aumento de la incidencia de la trata de personas en el estado central de Tlaxcala, un comercio que en el ámbito local es manejado por grupos familiares, pero que probablemente también está conectado con las principales organizaciones criminales.
Según el fiscal especial de trata de personas, Nely Montealegre Díaz, una serie de municipios al sur del estado han visto aumentos en el comercio de niños y mujeres jóvenes con fines de explotación sexual, informó Milenio. Díaz identificó aumentos similares en la trata de personas en los estados vecinos de Puebla, Veracruz y Oaxaca.
El fiscal también dijo que estas organizaciones comúnmente son administradas más por familias que por las principales organizaciones criminales.
“Cada uno juega un rol en la organización y también para la explotación y todos se benefician de la explotación”, dijo Díaz a Milenio en relación a los grupos de trata manejados por familias.
Muchas de las víctimas son llevadas a la capital del país, Ciudad de México, a trabajar en la industria del sexo, al tiempo que Estados Unidos también ofrece un importante mercado para este comercio ilícito.
Las declaraciones se dieron a raíz de un esfuerzo reciente por combatir la explotación sexual en Tlaxcala, esfuerzo que dejó cerrados dos bares. Según las autoridades estatales, 98 víctimas de trata de personas han sido rescatadas y más de 150 bares han cerrado en relación con este crimen durante la actual administración, informó Notimex.
Análisis de InSight Crime
La trata de personas con fines de explotación sexual es un problema creciente en México. Una excongresista incluso afirmó que 800.000 personas son traficadas a través de México con fines de explotación sexual cada año. Las niñas y mujeres de las zonas rurales son especialmente vulnerables, como lo sugiere la dinámica de desaparición en todo el país.
Tlaxcala es en particular un centro para el comercio sexual -una ciudad del estado, Tenancingo, ha sido llamada "la capital de trata de personas" de México, debido a las altas cantidades de niñas locales desaparecidas y al hecho de que se cree que el 10 por ciento de la población está involucrada en el reclutamiento, la explotación y la venta.
En septiembre de 2013, una coalición de ONGs dijo que el comercio iba en aumento y que las víctimas cada vez eran más jóvenes, a medida que los carteles de droga se involucraban más profundamente en el comercio, el cual tiene un valor estimado para los grupos criminales mexicanos de US$ 10 mil millones.
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La declaración del fiscal de que son principalmente las organizaciones familiares las que dirigen el comercio a nivel local, no se enfrenta necesariamente con la idea de que los grupos de crimen organizado están fuertemente involucrados. Pese a que los clanes supervisan la contratación en lugares como Tlaxcala, los cambios de control a grupos más grandes son posibles cuando las niñas son vendidas para ser explotadas en la capital. Los grupos familiares también pueden verse obligados a pagar una renta criminal conocida como "piso" para operar en zonas controladas por organizaciones criminales más grandes.
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