Luego de descubrir una red de tráfico de drogas en la que participaba un contratista de transporte, Bolivia comenzará a realizar inspecciones más profundas de los camiones cisterna estatales enviados a Argentina.
La Aduana Nacional de Bolivia, el organismo antinarcóticos y la petrolera estatal YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) firmaron un acuerdo para comenzar a registrar las cargas de los camiones cisterna contratados por YPFB para llevar petróleo a Argentina, informó la prensa local.
El acuerdo se presenta después de un reciente escándalo en el que se vio involucrado un contratista de transporte, José Luis Cejas, quien es acusado de dirigir un grupo criminal que traficaba cocaína y marihuana de Bolivia a Argentina mediante camiones cisterna contratados por el Estado. Antes de que se le cancelaran sus contratos, Cejas era el mayor transportador de combustible diésel de YPFB y dirigía una flota de 90 camiones, según el diario local Correo del Sur.
El director de Aduanas Nacionales de Bolivia dijo que las inspecciones requerirán el apoyo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), la cual proporcionará “perfiles de riesgo” de los sospechosos.
Análisis de InSight Crime
Aunque registrar los camiones cisternas contratados por el Estado es un buen paso en la lucha contra el narcotráfico en Bolivia —un centro de tráfico de drogas cada vez más importante en Suramérica—, implementar el nuevo proceso de inspección puede verse obstaculizado por la corrupción.
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La corporación YPFB podría alegar que no está involucrada en el escándalo de Cejas, ya que los sospechosos son trabajadores contratados y no empleados directos de la petrolera estatal. Sin embargo, YPFB no es ajena a la corrupción. El pasado diciembre, las autoridades arrestaron a un grupo de trabajadores de YPFB acusados de tráfico de influencias. “En todos los niveles de YPFB hay corrupción”, dijo Selva Camacho, presunto líder del grupo, quien dijo además que incluso Carlos Villegas, el presidente de YPFB, estuvo involucrado en irregularidades.
Por otra parte, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, recientemente había denunciado, en una conferencia de prensa, una supuesta infiltración del crimen organizado en la FELCN. Según Cáceres, agentes de la FELCN han estado ofreciendo información a los narcotraficantes, lo que les ha permitido evadir detenciones y operaciones policiales. Hay acciones disciplinarias contra más de 60 agentes de la FELCN, 15 de los cuales ya están en la cárcel. Todo esto genera dudas sobre la propuesta de que la FELCN cumpla un papel en el proceso de inspección de camiones cisterna.
Cejas y su red de narcotráfico pueden ser unas cuantas manzanas podridas entre los demás contratistas de YPFB. Sin embargo, si la petrolera estatal no somete sus contratistas a mayores escrutinios, Cejas podría no ser el único presunto traficante de drogas que se aproveche de las rutas de transporte de YPFB.
También es preocupante, ante todo, que los camiones cisterna no estaban siendo sujetos a procedimientos de análisis. Aunque Bolivia está haciendo esfuerzos para enfrentar la realidad de su creciente importancia en el comercio de drogas en Suramérica, a menudo el gobierno parece estar unos pasos atrás con respecto al crimen organizado.
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