Como parte de una gran operación, más de 2.000 policías destruyeron docenas de campamentos de minería ilegal en el corazón del área minera de Perú. Sin embargo, no está claro si esto tendrá un impacto a largo plazo en esta industria.
Dirigidos por José Baella, jefe de la Dirección de Protección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (PNP), más de 2.000 agentes de la policía llevaron a cabo la operación Mercurio I en el municipio de La Pampa, en la región de Madre de Dios, Perú, el pasado 4 de julio, informó El Comercio.
En total, según el medio de noticias, durante la operación fueron intervenidos 83 campamentos y 225 personas, de las cuales 6 fueron detenidas por el delito de minería ilegal, según El Comercio. Los funcionarios dijeron que los campamentos estaban dispersos en tres sectores de La Pampa: Zorro Valencia, La Nueva Peña y Tres Fronteras.
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Treinta y un motores, 756 galones de diésel, 1.070 metros de mangueras, 2.850 metros de tubería de PVC (cloruro de polivinilo) y 11 generadores eléctricos, entre otras cosas, fueron confiscados o destruidos por las autoridades durante la operación. Los funcionarios estiman que los motores destruidos tienen un valor de entre 70.000 y 80.000 soles (entre US$21.000 y 24.000).
Las autoridades dijeron además que habían rescatado a seis mujeres y dos menores de edad que eran obligadas a prostituirse, y que arrestaron a tres individuos sospechosos de tráfico de personas.
Análisis de InSight Crime
Esta operación fue una demostración de fuerza y recursos. Pero las autoridades siguen luchando por combatir esta industria ilegal y evitar el deterioro del medio ambiente. Y no hay claridad sobre lo que sigue en esta lucha, especialmente en lo relacionado con los reguladores mal pagados que tratan de controlar el ingreso de oro ilegal en la economía legal, y con la capacidad del gobierno para mitigar las malas condiciones sociales y económicas que llevan a la población a participar en esta industria.
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El gobierno de Perú ha hecho algunos avances. Este año lanzó una estrategia dual para clasificar la minería ilegal como una forma de crimen organizado e inició un programa para que los mineros legalicen sus operaciones. Las autoridades también han intensificado sus trabajos investigativos en torno a las exportaciones de oro ilegal y el lavado de dinero asociado a éstas.
Aun así, la trayectoria de Perú y del resto de la región en la lucha contra la minería ilegal en el largo plazo no es buena. Y las demostraciones de fuerza no parecen estar logrando mucho.
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