Ha comenzado un juicio en El Salvador contra varios funcionarios por presunta actividad ilegal relacionada con una controvertida tregua de pandillas entre 2012 y 2014. El testimonio y la evidencia presentados están a punto de arrojar nueva luz sobre los vínculos entre políticos y pandillas en el país centroamericano.
Los primeros testimonios y declaraciones públicos de varios funcionarios durante los primeros días del juicio indicaron que la tregua fue una "política de Estado" avalada por el expresidente Mauricio Funes. Los testigos también dijeron que el impulso para la tregua de pandillas no vino de las pandillas o la sociedad civil, sino del gobierno mismo.
El exmediador de la tregua, el obispo Fabio Colindres, declaró que él y Raúl Mijango, exmediador y defensor vocal de la tregua, fueron "invitados" por el ministro de defensa David Munguía Payés para abrir el diálogo con los cabecillas de las pandillas en prisión hacia finales de 2011. Este diálogo fue una primera fase de los diálogos que eventualmente llevaron a la tregua.
Colindres y el exjefe de policía Francisco Salinas ambos atestiguaron que se reunieron en persona con Funes en múltiples ocasiones para hablar sobre la tregua. Salinas afirmó que el "expresidente Funes tenía pleno conocimiento de la tregua, porque era política del gobierno".
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Munguía Payés, quien se espera que declare este viernes en el caso, también hizo una declaración pública el primero día del juicio, en la que relacionaba a Funes con la tregua y reiteraba que "la tregua entre pandillas fue política de estado".
El testimonio de Salinas también incluyó nuevas acusaciones de que la policía participó en la tregua, incluyendo el dato de que el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) asumió los costos de alquiler de la oficina en la que trabajó Mijango durante la tregua, y que el Centro de Inteligencia Policial (CIP) había designado a dos agentes de policía para que realizaran trabajo de inteligencia en la época de la tregua.
Otros testigos también declararon que Nelson Rauda, exjefe del sistema penitenciario, borró los videos grabados por las cámaras de seguridad de la prisión de Izalco (Sonsonate) al menos en dos ocasiones durante la tregua, según un reportaje de Factum.
Análisis de InSight Crime
El juicio por actividades ilegales relacionadas con la controvertida tregua de pandillas en El Salvador ya ha empezado a aclarar nuevos detalles sobre las conexiones entre los políticos del país y sus pandillas, y promete revelar más en los días y semanas que siguen.
Sin embargo, no es la primera vez que la evidencia apunta a la influencia política de las pandillas. Por ejemplo, InSight Crime accedió a videos grabados en secreto el año pasado, donde se veía a representantes del gobierno llevando negociaciones secretas con los principales cabecillas de las pandillas en el país, con promesas de financiamiento del estado a cambio de apoyo político.
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El cese temporal de hostilidades en la tregua de pandillas se asoció con una reducción de los homicidios que se estima salvó hasta 5.500 vidas. Sin embargo, el proceso ha sido criticado por el refuerzo militar y político que propició a las pandillas.
La MS13 buscó reanudar las negociaciones con el gobierno a comienzos de este año, pero el gobierno desechó estas propuestas de manera tajante ante el público. La tregua de pandillas enfrentaba y enfrenta la oposición de la mayoría de los salvadoreños, quienes tienden a respaldar las estrategias de mano dura para tratar los problemas de seguridad relacionados con las pandillas.
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