El rechazo del gobierno de México al diálogo entre un obispo de la Iglesia Católica y miembros del crimen organizado en Guerrero, ha revelado la desconexión entre el discurso oficial y la realidad de la violencia electoral que se vive actualmente en algunas de las zonas más remotas del país.
Luego de más de dos años de acercamientos, los diálogos entre el obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa Salvador Rangel y los líderes locales del crimen organizado en el estado de Guerrero se comenzaron a fortalecer en febrero de este año, en un intento del jerarca por poner fin a la violencia política, que ese mes también dejó dos sacerdotes muertos en el estado.
En una entrevista con El País de España, el representante de la Iglesia señaló que decidió hablar con los grupos criminales para poner freno a los asesinatos a candidatos. “Me prometieron que iban a evitar eso, que iban a dejar una elección libre para que lo que prevalezca sea la elección del pueblo", señaló el sacerdote.
Rangel había alcanzado una supuesta tregua con los grupos criminales el viernes 30 de marzo. En los últimos siete meses, 12 candidatos a alcalde fueron asesinados en Guerrero, el estado que registró la mayor cantidad de homicidios en 2017, el año más violento en la historia reciente de México, según cifras oficiales.
Por otro lado, según cifras del Centro Católico Multimedial, durante el gobierno de Peña Nieto han sido asesinados 21 sacerdotes.
La tregua se presenta a pesar del rechazo expresado por el gobierno de México a través de la Secretaria de Gobernación (SEGOB), cuyo titular, declaró que “el Estado no negocia la aplicación de la ley” y recalcó “la obligación [del Estado] de entrar a estos lugares y aplicarla la ley”, según informó Excelsior.
Análisis de InSight Crime
La estrategia actual del gobierno de México a nivel nacional, enfocada en la persecución de jugadores criminales de alto nivel y en el despliegue de fuerzas de seguridad federales reflejada en las declaraciones del gobierno, contrasta con las pocas capacidades con las que cuentan las instituciones locales para enfrentar y judicializar a los grupos de crimen organizado que operan en sus zonas.
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Guerrero es el estado que con mayor impacto ha sufrido la violencia de cara a las elecciones del 1 de julio, donde los mexicanos, además de elegir a su próximo presidente, senadores y diputados, decidirán también sobre la suerte de más de 18.000 puestos locales y federales.
Este enfoque también ha pasado por alto las dinámicas criminales locales y su relación con políticos y otros actores como la Iglesia Católica en algunas de las más remotas zonas del país, que en casos como el de Guerrero pueden condicionar la efectividad de estas estrategias de seguridad sobre el terreno.
Las propuestas sobre cómo abordar la creciente inseguridad en el país han pasado a ocupar un nivel secundario en el debate electoral, con la excepción de los comentarios improvisados del candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador sobre conceder amnistías a miembros del crimen organizado.
La decisión de Rangel de dialogar con grupos de crimen organizado, a pesar de los llamados de algunos sectores de la Iglesia Católica a nivel nacional a no hacerlo, también da muestra de cómo las iniciativas locales para contrarrestar la violencia en ocasiones pueden encontrar obstáculos al interior de las mismas entidades que representan.
Como InSight Crime ha señalado, la cooptación de los poderes locales a través del control de puestos en los gobiernos o de contratos de obras públicas que pueden resultar en acciones violentas, ha pasado a convertirse en una parte clave de la estrategia de los grupos criminales para aumentar su poder y asegurar su impunidad en algunas partes de Latinoamérica.
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