Una corte española absolvió a Carlos Vielmannn, exministro de Gobernación de Guatemala, quien estaba acusado de participar en ejecuciones extrajudiciales de al menos diez internos de dos cárceles de ese país.
La resolución del 16 de marzo, en la que dos de tres jueces votaron para absolver a Vielmannn, vuelve a abrir preguntas sobre el combate a la impunidad en Centroamérica.
Entre 2005 y 2006, dos masacres carcelarias conmocionaron a Guatemala. Ambas ocurrieron en el marco de sendos operativos de la Policía Nacional Civil (PNC), entonces dirigida por el ministro Vielmann y por el director policial Erwin Sperinsen.
La primera masacre ocurrió el 25 de septiembre de 2006, la PNC y el Ejército guatemalteco pusieron en marcha el "Plan Pavo Real" para "retomar el control" de la Granja Penal Pavón, una de las principales cárceles del país, que entonces y siempre ha sido controlada por grupos de pandilleros y narcotraficantes en connivencia con autoridades penitenciarias y policiales. Aquel día, unos 3.000 policías ocuparon el perímetro de la cárcel para que fuerzas especiales ingresaran a ella; el resultado siete internos asesinados por la fuerza pública.
Casi un año antes, en octubre de 2005, también bajo el amparo de planes oficiales, agentes del Estado, bajo las órdenes de Vielmann y Sperinsen, echaron adelante un plan para recapturar a 19 reos fugados de la Cárcel de Alta Seguridad Escuintla, conocida como "El Infiernito". Tres de los fugados fueron ejecutados.
En 2009, Vielmann se nacionalizó español, y en 2010 fue arrestado en España en virtud de un caso que había iniciado, en Guatemala, la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG). Sperinsen, que tiene nacionalidad suiza, fue detenido en ese país, donde un tribunal lo condenó a cadena perpetua por los mismos hechos por los que la Audiencia Nacional española juzgó a Vielmann.
Análisis de InSight Crime
El fallo absolutorio en el caso Vielmann cierra, de alguna manera, uno de los primeros capítulos del reciente empuje por la lucha contra la impunidad en el Triángulo Norte de Centroamérica, que inició a mediados de 2000 en Guatemala con la instalación de la CICIG.
El principal argumento de los dos jueces que votaron por absolver a Vielmann es que la jerarquía del ministro sobre los agentes que participaron en las masacres no supone responsabilidad penal. Esta premisa contradice preceptos de cadena de mando que ya han validado fallos condenatorios en varios tribunales del mundo, de que la doctrina fue aceptada en los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial.
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"Si fuera así [responsabilidad por cadena de mando] habría que entender que todos los integrantes del gabinete de seguridad que aprobó el operativo para la toma de control del Centro Penitenciario, incluidos el presidente y el vicepresidente de la República, serían tan responsables", razonó Juan Pablo González, uno de los jueces, citado por el periódico El País.
Sin embargo, José Ricardo de Prada, que votó en contra del fallo absolutorio, no cree verosímil que el ministro no estuviese enterado de lo que sucedía en Pavón.
La resolución, además, abre preguntas sobre la aplicación del precepto de cadena de mando, en el que están basados la mayoría de juicios contra jefes militares y policiales latinoamericanos cuyas tropas han sido implicadas en masacres y abusos a los derechos humanos, pero también en actos de complicidad con el crimen organizado.
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