Un tribunal militar mexicano absolvió a siete de los ocho soldados involucrados en un grave caso de violación de derechos humanos, en el que supuestamente hubo abusos por parte de los militares, lo cual es un duro golpe a la credibilidad de la justicia militar en el país.
Los hechos ocurrieron en junio de 2014, cuando los militares abrieron fuego contra 22 presuntos criminales en una bodega de la ciudad de Tlatlaya, Estado de México, a pesar de que la mayoría ya se había rendido, según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del gobierno.
Los sobrevivientes de la acción militar le dijeron a la CNDH y a los medios de comunicación que luego las autoridades los amenazaron y los golpearon, con el fin de presionarlos para que afirmaran que quienes habían sido abatidos eran miembros de un grupo criminal.
En septiembre de 2014, el sistema de justicia militar detuvo a un teniente y seis soldados, acusándolos de incumplimiento del deber. Sin embargo, en octubre de 2015 un tribunal militar privado absolvió a seis de ellos —fallo que sólo recientemente se hizo público gracias a una petición de un grupo de derechos humanos, según informó la Associated Press—. Al teniente se le impuso la sentencia de un año de prisión, pena que ya ha cumplido.
En una investigación paralela, en curso en un tribunal civil, la Procuraduría General acusó a siete militares de homicidio y de alterar la escena del crimen, entre otros cargos. Sin embargo, en octubre pasado el tribunal absolvió a cuatro de los siete sospechosos, alegando falta de pruebas.
Análisis de InSight Crime
De cierta manera, el resultado de este caso sirve para justificar el hecho de que el Congreso de México haya aprobado reformas al sistema de justicia militar en 2014. Estas reformas permiten que los presuntos crímenes del ejército contra los derechos humanos de los civiles sean enjuiciados en tribunales civiles y no en los militares.
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Estas reformas eran bastante necesarias, dado que la justicia militar tiene un vergonzoso historial en México. Como lo señaló la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus iniciales en inglés), centro de estudios de derechos humanos, de los 5.000 casos abiertos por la Fiscalía Militar entre 2007 y 2012, sólo cuatro resultaron en condenas.
Otro asunto que también hace urgente la necesidad de estas reformas es el frecuente uso de los militares por parte del gobierno mexicano en su lucha contra el crimen organizado, lo que ha llevado a crecientes reportes de violaciones de derechos humanos. De hecho, una excesiva participación de los militares en la dura persecución a los presuntos miembros de grupos del crimen organizado, así como la impunidad para los acusados de cometer ejecuciones ilegales, es lo que ha permitido que se presenten fenómenos como el de Tlatlaya.
Falta ver cómo procederá la Procuraduría General en el tribunal civil frente al caso de Tlatlaya. Sin embargo, dicha investigación también ha sido criticada por no indagar suficientemente en el papel que las directivas militares pudieron haber tenido en la autorización para disparar en Tlatlaya.
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