US$3 millones gastados en 2 años en una fallida reforma policial en Honduras

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Casi US$3 millones se han gastado en la reforma policial de Honduras en los últimos dos años; una suma que ha traído pocos resultados, como pone de relieve un caso reciente de contrabando de dinero del narcotráfico, el cual señala la complicidad de la policía.

Honduras ha sometido a 4.349 policías a pruebas de confianza –lo que incluye polígrafos, pruebas de drogas y evaluaciones psicológicas, informó La Prensa. (Vea la gráfica de La Prensa abajo). Los resultados de estas pruebas están en disputa. El ministro de Seguridad, Arturo Corrales, afirmó recientemente que 400 policías han sido destituidos de sus cargos. El periódico dice que las estadísticas oficiales muestran que sólo siete policías han sido despedidos. 

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre reforma policial

Mientras tanto, el Fiscal General de Honduras, Oscar Fernando Chinchilla, ha ordenado una completa investigación y reestructuración de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN). La orden se produjo en respuesta a una reciente incautación de US$7,2 millones en dinero proveniente del narcotráfico, por parte de las autoridades panameñas, que ingresó al país desde el aeropuerto de Toncontín, en Tegucigalpa. Se piensa que miembros de la policía hondureña y personal de los aeropuertos son cómplices en el caso.

Rubén Martel, jefe de la unidad de investigación de la Policía Nacional de Honduras, también anunció la suspensión de 25 agentes de la policía de fronteras del país quienes se encontraban trabajando en el aeropuerto de Tegucigalpa, elevando el número total de personal suspendido en el caso a 32 -incluyendo dos agentes antinarcóticos, informó La Prensa.

Análisis de InSight Crime

Además del continuo fracaso para despedir a los agentes de policía hondureños que no han pasado las pruebas de confianza, casos como este sirven como un claro indicio de que los millones de dólares inyectados a la reforma policial no se han utilizado de manera efectiva.

La última acción anunciada por el fiscal general indica que se están haciendo algunos esfuerzos para abordar el tipo de debilidades que permitieron que tal cantidad de dinero ilícito saliera del país. Si Chinchilla cumple su promesa, podría contribuir a eliminar la corrupción en una importante unidad de la policía de Honduras.

Queda por ver, sin embargo, lo que sucederá durante el gobierno entrante. Juan Orlando Hernández, quien asumirá el cargo el 27 de enero, se ha comprometido a adoptar un enfoque de “mano dura” contra la criminalidad, lo que probablemente favorecerá la creciente militarización de la seguridad. Sin embargo, esto no es una solución sostenible frente al problema de una fuerza policial corrupta e ineficaz, y Hernández probablemente tendrá que enfrentar el tema de la reforma directamente.

Con el esfuerzo de reforma volviéndose altamente politizado y siendo testigo del retroceso desde la propia policía, hay poco espacio para el optimismo de que logrará todo lo que se necesita.

 

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