La captura de un presunto jefe local de los Caballeros Templarios en la costa de Guerrero promete hacer bajar la inseguridad en uno de los estados más violentos de México, dicen las autoridades. Pero se necesitará más que eso para bajar la altísima tasa de homicidios en la región que más heroína produce en el país.
Alberto o Edilberto Bravo Barragán, alias "El Gavilán", fue capturado en una operación conjunta entre la Policía Federal y el ejército mexicano en Zihuatanejo el 11 de julio, sin disparar un tiro, según un comunicado del gobierno.
La cobertura de la prensa mexicana sobre la captura de Bravo lo llama jefe de la organización criminal Caballeros Templarios en Guerrero, que limita con el estado de Michoacán, donde se originaron los Templarios como grupo disidente de la alguna vez poderosa Familia Michoacana.
Las autoridades acusan a Bravo de supervisar la producción de drogas sintéticas para exportación a Estados Unidos, posiblemente metanfetaminas.
Una fuente cercana a InSight Crime señaló que luego de la detención de Bravo, hubo un cruce de disparos en Zihuatanejo —señal de una posible realineación del poder luego de la baja del jefe de la plaza local.
"Luego de esta captura, esperamos que la criminalidad y las presiones que afectan a las personas aquí en la costa mejorarán, que la seguridad mejorará", dijo el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores en una conferencia de prensa luego de la captura de Bravo.
Las autoridades también citaron la captura a comienzos de este año de Fredy del Valle Berdel, presunto exlíder del ala de sicarios del Cartel Independiente de Acapulco (CIDA), y de David Canek Palma Analco, cabecilla de la Organización Beltrán Leyva (OBL) en la ciudad de Acapulco, como otros arrestos claves que contribuirán a mejorar la situación de seguridad en Guerrero.
Análisis de InSight Crime
La afirmación de las autoridades de Guerrero sobre la mella que hará la captura de algunas personas en la tasa de muertes es falaz. Se estima que tan solo en el estado de Guerrero operan unas 50 pandillas criminales, según el fiscal del estado.
En los últimos años, la violencia y la inseguridad en Guerrero han ido en una espiral ascendente que se salió de control, y el estado alberga una de las ciudades más violentas del mundo: Acapulco. Entre enero y mayo de 2016, hubo 857 homicidios en Guerrero; en todo el territorio nacional, la cifra fue de 7.743, según cifras del gobierno. La violencia en todo México ha ido en alza en lo corrido del año, repitiendo niveles inéditos desde el inicio del periodo del presidente Enrique Peña Nieto, a finales de 2012.
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El secuestro masivo de 43 estudiantes de una escuela normalista rural hace casi dos años mostró la anarquía reinante en Guerrero y la colusión de las autoridades locales con los grupos criminales, y llamó la atención sobre el número de desaparecidos en el estado. Aunque ha habido arrestos por docenas desde dicho episodio, aún no se ha juzgado a nadie.
La violencia en Guerrero refleja, en parte, la atomización de las monolíticas organizaciones criminales de la vieja escuela en México, que ha dado origen a grupos más pequeños. Grupos como los Guerreros Unidos —célula disidente de la OBL— dependen más de otras fuentes de ingresos criminales, como el secuestro, la extorsión y el microtráfico local.
Fuentes con las que habló InSight Crime indican que hay diminutas células criminales de 10 personas o menos que operan en Guerrero y no tienen nada que ver con el narcotráfico, sino que se centran en el secuestro y la extorsión, pues la delincuencia en general se dispara.
Pero las redes criminales también luchan por el enorme negocio de la amapola, estimulado por el creciente apetito de heroína en Estados Unidos, resultado de los adictos que cambian los analgésicos recetados por la heroína callejera, que resulta más económica. Guerrero es el epicentro de la producción de amapola en México, y la oferta mexicana ahora domina la heroína de venta callejera en Estados Unidos. El estado rural también tiene prósperas industrias de marihuana y metanfetaminas.
La inseguridad en el estado ha alcanzado tales niveles que el gobernador Astudillo ha insinuado que se legalice la industria de la amapola en un intento de reducir la violencia. Decir que los arrestos de capos individuales de la droga ayudarán a reducir la violencia es ignorar la pobreza y el clima de anarquía que se extiende a muchas partes del estado; mayores problemas que no pueden resolverse sin programas sociales de gran alcance e iniciativas serias contra la corrupción.
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