En la reunión regional de ministros de Defensa, el ministro de Defensa de Perú, Pedro Cateriano, afirmó que el tráfico de drogas y el terrorismo son una “unión criminal”, resaltando el creciente esfuerzo de los gobiernos de la región por fusionar las dos esferas de actividad criminal.
Las observaciones de Cateriano tuvieron lugar en la XI Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas –que tuvo lugar en Perú entre el 12 y el 14 de octubre- en la cual 34 ministros de Defensa firmaron la Declaratoria de Arequipa, acordando trabajar juntos para hacer frente a los problemas de seguridad en común en la región, informó La República.
En la conferencia, el presidente de Perú, Ollanta Humala, identificó al tráfico de drogas y al crimen organizado como dos de las amenazas a la seguridad más serias a las que enfrenta la región, informó La Prensa. Los asistentes también discutieron los peligros que plantea la minería ilegal en Latinoamérica, y acordaron desarrollar estrategias conjuntas para combatir el delito.
Análisis de InSight Crime
Los comentarios de Cateriano pueden ser entendidos como otro intento de borrar la línea que separa a las organizaciones de tráfico de drogas de los grupos terroristas en Latinoamérica. Estas afirmaciones no carecen completamente de fundamentos, los tres grupos armados de Latinoamérica en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras del Departamento de Estado de Estados Unidos –El Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el grupo guerrillero de Perú, Sendero Luminoso- están fuertemente involucrados en el tráfico de drogas. Mientras tanto, algunos carteles mexicanos de la droga -como los Zetas- han sido polémicamente descritos como grupos "insurgentes" a raíz de sus ataques contra civiles inocentes y las fuerzas de seguridad del Estado.
Los funcionarios de Perú no son los únicos que han equiparado las actividades de los grupos criminales con el terrorismo. En abril de 2014, El Salvador anunció que los ataques contra la policía –cometidos por individuos y por grupos- serían sujeto de leyes antiterrorismo. El Congreso de Honduras también ha pasado una legislación recientemente que definiría crímenes similares como actos de terrorismo.
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Sin embargo, encasillar a los grupos criminales como terroristas en Latinoamérica también ha sido usado como una maniobra para asegurar financiación y justificar medidas severas de seguridad y abusos contra los Derechos Humanos. En Colombia, el expresidente Álvaro Uribe frecuentemente se refirió a los grupos guerrilleros como “narcoterroristas”, e hizo uso de la atención prestada por Estados Unidos al terrorismo tras el 9/11 para justificar la ayuda extranjera para la “guerra contra las drogas” en la lucha del gobierno contra las FARC. El expresidente mexicano Felipe Calderón también ha usado el término para justificar fuertes medidas de seguridad contra los grupos criminales.
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