La Corte Penal Internacional ha denominado a Los Gaitanistas como la organización criminal más peligrosa y mejor organizada de Colombia, afirmando que el grupo es tan poderoso que podría convertirse en un jugador en el conflicto del país.
En un informe al que accedió El Tiempo, la Corte Penal Internacional (CPI) señala que de los grupos narcoparamilitares clasificados por las autoridades como BACRIM (“bandas criminales”), tales como los Rastrojos y las Águilas Negras, Los Gaitanistas, también conocidos como Clan del Golfo, Urabeños y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), tienen, de lejos, los niveles más altos de “organización y capacidad de daño”.
Según la CPI, las capacidades operativas de las AGC han alcanzado un nivel que amerita un seguimiento, como un grupo que podría “llegar a ser parte en un conflicto armado de carácter no internacional” -aunque en la actualidad la intensidad de la violencia entre el grupo, las fuerzas de seguridad y los guerrilleros no es lo “suficientemente intensa”.
El informe pone de relieve la estructura jerárquica y la disciplina del grupo, y de cómo la cúpula controla efectivamente a sus miembros y el territorio en el que opera.
Análisis de InSight Crime
La preocupación de la CPI sobre las AGC sirve como una confirmación más de que el grupo ha consolidado su estatus como la principal organización criminal de Colombia, cuyo alcance y capacidades superan de manera significativa las de sus rivales.
La posición de la CPI de que el grupo podría entrar en el conflicto de Colombia puede incluso ser bienvenida por las propios AGC, quienes siempre han tratado de mantener una fachada política, arraigada a su ascendencia paramilitar. Se refieren a sí mismos como las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, han exigido que se les incluya en las conversaciones de paz y utilizan tácticas más comúnmente asociadas con la insurgencia de Colombia, como los llamados “paros armados”.
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Sin embargo, esta postura posiblemente es un intento de mantener viva la posibilidad de utilizar la desmovilización como una estrategia de salida si es necesario y, en realidad, han mostrado poca inclinación a comportarse como actores políticos.
Un trabajo de campo realizado por InSight Crime, sobre las operaciones de las AGC, pone en duda la caracterización de la CPI del grupo como una estructura integrada verticalmente con un liderazgo que ejerce control directo sobre todos sus miembros. Si bien esto puede ser cierto en sus zonas centrales, en el norte de Antioquia, Chocó y Córdoba, en la mayor parte del país las AGC operan más como una franquicia organizada horizontalmente. En esta red, las facciones regionales tienen vínculos con el comando central, pero operan de manera semi-independiente, o bien los grupos criminales locales se unen a la franquicia -operando bajo el nombre y recibiendo fondos, suministros y contactos a cambio de actuar por los intereses de las AGC- pero como afiliados, no como parte de una cadena jerárquica de mando.