En contraste con la mayor parte de la región, el gobierno de Uruguay, y por lo menos una cárcel de Colombia, están tomando medidas para brindar mayores oportunidades y rehabilitación a la población carcelaria, como una manera de reducir las tasas de reincidencia y combatir el crimen organizado.
En Uruguay, la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (DINALI) decidió crear una fundación que ayudará a los exconvictos a encontrar empleo. La fundación contratará a los exconvictos para que trabajen en varios proyectos, como asear perros, lavar autos y hacer el mantenimiento de los carros de la policía.
Por otra parte, en Colombia, un penal agrícola de mínima seguridad, ubicado en el departamento del Meta, se ha convertido en un modelo para otras cárceles del país. En una extensión de más de 4.200 hectáreas, la cárcel de Acacías les ofrece a sus 1.273 internos la oportunidad de participar en varios programas de trabajo y educación. La estrategia parece haber dado sus frutos. Nadie se ha escapado de la prisión en los últimos 15 años, y las tasas de reincidencia de la penitenciaría son las más bajas del país: sólo un 2 por ciento de los exconvictos han sido capturados por volver a cometer algún delito después de haber salido de la prisión.
Si bien las autoridades uruguayas y colombianas creen que facilitar la reinserción de los internos a la vida civil sigue siendo una tarea difícil, estos programas pueden convertirse en un importante mecanismo para reducir la influencia del crimen organizado en los dos países.
Análisis de InSight Crime
Al hacer énfasis en la rehabilitación y la capacitación, los programas desarrollados en Colombia y Uruguay contrastan con el tipo de tratamiento que reciben los reclusos en las cárceles latinoamericanas. Los centros penitenciarios de la región están atravesando por una grave crisis, en parte debido a las medidas de seguridad represivas y a la falta de rehabilitación en las cárceles.
Las crecientes poblaciones de reclusos y las deficientes instalaciones han convertido a las cárceles en las principales incubadoras del crimen organizado. Los estudios de InSight Crime ilustran cómo los grupos criminales usan las prisiones para fortalecerse al interior y el exterior de las cárceles, reclutar nuevos miembros y entrenarlos, y ampliar sus portafolios criminales.
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Afortunadamente, otros países también están intentando implementar medidas alternativas. En Panamá, la administración del presidente Juan Carlos Varela implementó un programa conocido como Barrios Seguros, que busca ofrecer formación técnica a los miembros de las pandillas. En el año 2015, El Salvador lanzó un programa denominado "Yo Cambio", el cual pretende brindar formación y a la vez generar la construcción de una cultura de la paz para reducir la violencia dentro y fuera de los penales.
Sin embargo, para que estas estrategias alternativas sean efectivas, requieren el apoyo y la participación constantes del sector privado. Una tregua de pandillas financiada por el gobierno en 2011 en Belice, que ofrecía oportunidades laborales a unos 200 pandilleros, debió finalizarse cuando sus fondos se agotaron, lo que condujo a un aumento en la violencia.
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