Crece la presión pública para que las autoridades uruguayas adopten estrategias de seguridad de línea dura contra el aumento percibido de la violencia asociada a pandillas, pero ceder a esas demandas podría entorpecer los esfuerzos de largo plazo que han hecho del país uno de los más seguros de Latinoamérica.
En medio del repunte percibido de los homicidios y robos a mano armada en zonas urbanas en todo Uruguay, el 17 de mayo el presidente Tabaré Vázquez anunció al medio informativo Búsqueda que “próximamente habrá novedades” en los planes de su administración para mejorar la coordinación entre las instituciones de seguridad en la lucha contra el crimen organizado.
Los comentarios del presidente Vázquez se dan justo después de una incendiaria entrevista dada el 12 de mayo por el director nacional de la Policía, Mario Layera, a El Observador, donde acusaba al Estado de tener “temor” de tomar “medidas no simpáticas” para contener el crimen de pandillas, que podría llevar al país a un “escenario como El Salvador o Guatemala”.
En respuesta, Vásquez afirmó que Uruguay está “realmente lejos de ese escenario”. No obstante, el 15 de mayo su administración envió un proyecto de ley al Parlamento, para reforzar la coordinación entre la policía, fiscales y las cortes, y dar “mayor flexibilidad” y “respaldo legal” para que los agentes de policía hagan su trabajo.
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Aunque un reciente sondeo de opinión mostraba que tres de cada cuatro uruguayos opinan que los soldados deberían colaborar con la policía en la lucha contra la delincuencia, hasta ahora Vásquez ha rechazado la idea.
A comienzos de este mes, el presidente negó una solicitud de desplegar soldados a Lavalleja, departamento al noreste de Montevideo, donde se ha atribuido a enfrentamientos entre grupos criminales una serie de cinco homicidios ocurridos desde febrero.
“Uruguay no vive una situación de guerra”, fue la explicación de Vásquez a su respuesta.
Análisis de InSight Crime
Los temores públicos sostenidos sobre un aumento percibido presionan la implementación de respuestas de mano dura por parte de los funcionarios del gobierno uruguayo. Sin embargo, siguen sin explicarse la gravedad real de la violencia y los factores que la empeoran, y una respuesta mal planeada podría exacerbar la inseguridad, como ha ocurrido en otros países de la región.
Los recientes temores por el recrudecimiento de la violencia criminal parecen tener relación en su gran mayoría con reportajes de medios anecdóticos y sensacionalistas. Las estadísticas oficiales muestran que la tasa de homicidios en Uruguay —una de las más bajas de la región— se ha mantenido relativamente estable en el último cuarto de siglo, y en realidad ha bajado desde 2015.
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Al mismo tiempo, datos oficiales muestran que la proporción de homicidios relacionados con enfrentamientos entre grupos criminales puede estar aumentando. En 2012, los conflictos entre grupos criminales representaron el 25 por ciento del total de muertes violentas, mientras que en 2017 correspondieron al 45 por ciento, y en el primer trimestre de 2018, sumaron el 58 por ciento.
El éxito de Uruguay en el mantenimiento de bajos índices de violencia se debe en gran parte al énfasis del gobierno por profesionalizar su cuerpo de policía y al uso de datos y tecnología para dirigir de manera eficiente sus intervenciones contra el crimen. Pero experiencias en países como Brasil, México, Guatemala y El Salvador han demostrado cómo la presión pública motivada por la percepción de inseguridad puede mover a los gobiernos a implementar políticas militarizadas que en la mayoría de los casos tienen limitada eficacia a largo plazo.
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