El presidente de Uruguay Tabaré Vázquez ha presentado una legislación que busca reorientar el sistema penitenciario del país hacia la rehabilitación de personas privadas de la libertad, días después de que un motín carcelario llamara la atención sobre sus precarias condiciones, un enfoque contrario a las tendencias prevalecientes en la región.
El 2 de julio, el presidente Vázquez presentó al Congreso uruguayo un proyecto de ley que propone descentralizar la institución encargada de la administración de las cárceles del país y reestructurarla para ofrecer mejores servicios psicológicos, sociales y educativos para la rehabilitación de los reclusos.
Esta legislación pasaría el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) del control del Ministerio del Interior para ponerlo bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación y Cultura.
Además, contempla la creación de dos nuevos consejos para ofrecer a reclusos y familiares plataformas para la presentación de quejas y sugerencias tendientes a mejorar las condiciones de reclusión. Los consejos también buscarían reforzar los programas de reinserción social y reducir las tasas de reincidencia.
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Estos cambios al sistema carcelario del país fueron una de las promesas centrales de la campaña de reelección de Vázquez en 2015, y fueron aceptadas por representantes de todos los principales partidos políticos del país en 2016, según informó El Observador. La propuesta la presentó el Frente Amplio, partido de Vázquez, por lo menos desde 2012, luego de su primer periodo presidencial, de 2005 a 2010.
La reciente introducción de esta legislación, que ya lleva las firmas del presidente y los ministros de interior, educación y economía, se conoce pocos días después de que un motín sacudiera la prisión más grande de Uruguay. Más de 30 reclusos tomaron como rehenes a tres agentes de policía y demandaron mejoras en las condiciones de reclusión, incluyendo medidas para dar solución a una plaga de ratas y retrasos en la distribución de alimentos.
El partido gobernante, Frente Amplio, tiene una representación mayoritaria en el Congreso del país, por lo que es probable que se apruebe el proyecto de ley. Si la propuesta se convierte en ley, se designará un grupo de ministros para supervisar la transición del Instituto Nacional de Rehabilitación a un ente más independiente, que tomaría el control de las operaciones carcelarias en febrero de 2021.
Análisis de InSight Crime
La decisión de Uruguay de avanzar con los planes propuestos años atrás, con miras a mejorar la capacidad del sistema penitenciario de ofrecer albergue y rehabilitación adecuados a la población privada de la libertad ofrece un marcado contraste con las políticas que se están implementando en los demás países de la región.
Las medidas de seguridad represivas, el desbordamiento de las poblaciones carcelarias, las malas instalaciones y la corrupción rampante han convertido a muchas de las prisiones latinoamericanas en incubadoras del crimen organizado en lugar de centros de rehabilitación.
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En el pasado, Uruguay ha enfrentado problemas por las elevadas tasas de reincidencia, que los representantes del gobierno han tratado de remediar con iniciativas a pequeña escala, como un proyecto lanzado en 2017 que brindaba oportunidades laborales a personas recién liberadas. De aprobarse la legislación recién presentada y si las prisiones uruguayas logran pasar a un sistema más centrado en la rehabilitación con énfasis en el respeto a los derechos de los presos, podría servir como modelo para otros países de la región que buscan remediar problemas de gran arraigo en sus sistemas penitenciarios.
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