Uruguay usará activos incautados a narcotraficantes para el tratamiento de las adicciones

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Las autoridades de Uruguay anunciaron que los fondos incautados a los narcotraficantes se utilizarán para financiar recursos para personas con problemas de adicción a las drogas, un ejemplo de cómo estos bienes se pueden utilizar para controlar los factores desencadenantes del crimen y la inseguridad.

El director de la Junta Nacional de Drogas (JDN), Diego Olivera, anunció que el gobierno de Uruguay utilizará los fondos incautados a los narcotraficantes para la construcción del “centro de intervenciones en crisis”, que ya fue aprobado por un valor de US$2 millones y estará ubicado en Montevideo, la capital del país, informó El Observador.

“Pensamos en algo mucho más especializado porque permite que todo el personal de esa puerta de emergencia tenga una capacitación específica, apoyado por toxicólogos expertos en la materia”, dijo Olivera.

Según El Observador, las nuevas instalaciones contarán con 16 áreas de corta estadía, donde los pacientes pueden permanecer hasta siete días, además de las 120 plazas residenciales que la JND ya tiene en operación y donde los pacientes pueden permanecer entre tres y seis meses.

En 2005, Uruguay creó un fondo para la administración de los bienes incautados a las actividades de narcotráfico y lavado de dinero. Según la JND, estos fondos se utilizan para financiar programas de prevención, tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas y para fortalecer a los organismos de seguridad y a las instituciones encargadas de confiscar drogas.

“Los recursos que son extraídos de las actividades ilícitas son devueltos a la sociedad con servicios brindados por diferentes instituciones”, le dijo Olivera a El Observador. “Esta es una de las grandes virtudes de decomisar los activos a las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, al lavado de activos, a la trata de personas y a otras actividades como la corrupción”.

Análisis de InSight Crime

El fondo de activos incautados establecido en Uruguay ofrece interesantes ejemplos de cómo los bienes decomisados pueden reintegrarse a la sociedad. Desde el año 2010, el fondo ha reunido un poco más de US$14 millones y ha ayudado a financiar diversos aspectos de la lucha contra el crimen, entre ellos el actual edificio de la Fiscalía General, según un informe oficial obtenido por El Observador.

Los bienes incautados suelen ser usados para el beneficio de las agencias que reciben los fondos, que en muchos casos son los organismos de seguridad, lo que significa que el dinero tiende a orientarse hacia la actividad policial.

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Sin embargo, el centro de tratamiento de las adicciones en Uruguay es un ejemplo de cómo esos recursos se pueden dirigir hacia acciones preventivas. El fiscal Jorge Díaz le dijo a El Observador que el nuevo centro de tratamiento de las adicciones es producto de una política pública encaminada a “privar al crimen organizado de los beneficios económicos” y destinarlos al “tratamiento y la salud” de los adictos.

Hay cierta evidencia que señala que enfocarse en la prevención podría ser una manera más efectiva de utilizar estos bienes incautados —los cuales, en algunos casos en Estados Unidos y en otras partes del continente, se han utilizado para obtener equipos costosos pero muy poco útiles, y en otros casos han sido robados o se han perdido debido a que hay una laxa supervisión sobre dichos bienes—.

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