El general de las fuerzas armadas de México dijo que fue un error desplegar al ejército para combatir el narcotráfico en comentarios muy críticos a las políticas de militarización de la seguridad ciudadana que se han hecho comunes en la región.
En entrevista con Pulso, el director de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México, General Salvador Cienfuegos Zepeda, dijo que fue un error que el ejército mexicano entrara "de lleno al combate a las drogas", del cual, dijo, dejó al ejército con "un problema que no nos toca".
Cienfuegos señaló que enviar "soldados preparados para la guerra" a enfrentar criminales sin entrenamiento militar ha causado "problemas serios", y admitió que tácticas como los combates a la luz del día han puesto en riesgo a la población civil.
El general añadió que cree que el ejército no debe patrullar las calles para combatir el crimen, pues no están capacitados para esa función.
"ninguno de los que tenemos responsabilidad en mandos de la institución nos preparamos para hacer funciones de policía" comentó. "No lo hacemos, no lo pedimos, no nos sentimos a gusto, no estamos cómodos con la función".
Sin embargo, Cienfuegos admite que la corrupción en la policía significa que "si no lo hacemos nosotros, nadie más lo hará".
El general también defendió al ejército de acusaciones de abusos contra los derechos humanos en los casos emblemáticos de la presunta ejecución masiva de 15 personas a manos del ejército en la población de Tlatlaya, en junio de 2014, y de las acusaciones de complicidad de las fuerzas armadas en la desaparición de 43 estudiantes en la ciudad de Iguala en septiembre de 2014.
Cienfuegos advirtió que se ha liberado a cuatro soldados sin cargos en el caso de Tlatlaya, y que tres más esperan juicio. en el caso de Iguala, que las fuerzas armadas no tienen responsibilidad alguna.
Análisis de InSight Crime
Los puntos que toca el general Cienfuegos hacen eco de las inquietudes de los observadores de derechos humanos sobre la tendencia de militarización de la seguridad ciudadana en Latinoamérica. Aunque el uso de soldados en la lucha contra el crimen puede ser una opción atractiva a corto plazo, muchas veces acarrea abusos a los derechos humanos, a la par que quita recursos e impulso a la reforma policial.
En México, se ha acusado al ejército de una serie de abusos, entre ellos uso de fuerza excesiva, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones, y los informes de tales abusos han aumentado de manera considerable desde que se encargó al ejército la lucha contra el narcotráfico, según los grupos de derechos humanos Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
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Pese a estos problemas, México no es el único país que opta por una solución militar a su crisis de seguridad. En la actualidad, El Salvador ha enviado unidades militares a combatir la creciente violencia de pandillas en el país, mientras que Honduras también ha ampliado sustancialmente el rol del ejército en la seguridad ciudadana. Hay pocas señales de que se revierta esta tendencia, y en 2016 el presidente recién posesionado en Argentina, Mauricio Macri, declaró al país en emergencia de seguridad pública, lo que podría dar paso a que el país se sumara a la lista de militarización de sus iniciativas antidrogas.
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