Un nuevo informe vuelve a cuestionar el uso de penas de cárceles como respuesta a delitos relacionados con droga en diez países de América. El reporte concluye que las políticas de encarcelamiento masivo han sido ineficientes y han resultado en el deterioro de las condiciones carcelarias.
El informe, titulado "Castigos irracionales: Leyes de drogas y encarcelamiento en America Latina" (pdf), fue elaborado por el Colectivo de Estudios de Drogas y Derecho (CEDD) y presenta los resultados de un estudio sobre las leyes de drogas y los sistemas penitenciarios en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay.
El estudio resalta que el continente americano es la región con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, lo cual ha causado múltiples crisis penitenciarias, sobre todo porque las prisiones albergan a muchos más presos de lo que son capaces. Esto ha generado problemas de hacinamiento, escasez de higiene y servicios básicos, y condiciones de violencia extrema.
En varios de los países estudiados, el aumento porcentual de la población encarcelada por drogas es mucho mayor que el de la encarcelada por otros delitos (Vea gráfica del CEDD abajo). Por esto, el CEDD ve una relación directa entre las leyes de drogas y los problemas en los sistemas penitenciarios.
El estudio, de hecho, concluye que las actuales leyes de drogas en la región han contribuido en gran medida al aumento de la población carcelaria, ya que las leyes se han caracterizado por un uso prevalente de la herramienta penal para enfrentar las actividades relacionadas con drogas.
La criminalización de las drogas se ha expandido y tanto el número de artículos al respecto en códigos penales como la duración de las penas han aumentado. El estudio también argumenta que no existen diferencias entre delitos de drogas de menor, mediana o alta gravedad, por lo que todos son castigados con penas similares. También reprocha el uso excesivo de prisión preventiva, así como la aplicación de sentencia mínima obligatoria.
VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre política de drogas
El CEDD propone disminuir el uso de cárceles para tratar delitos de droga para aliviar la crisis penitenciara de la región. El estudio concluye con varias recomendaciones de políticas públicas, entre las cuales destacan el ajuste a la respuesta penal para que sea proporcional a la gravedad del delito, evitar la detención preventiva para delitos menores y permitir penas alternativas al encarcelamiento, promover y explorar el acceso regulado a algunas drogas, descriminalizar el consumo y dejar de usar a las instituciones de seguridad como respuesta principal al consumo.
Análisis de InSight Crime
Los resultados del estudio del CEDD coinciden con los de investigaciones propias en las que InSight Crime ha concluido que las políticas de drogas, así como las de "mano dura", han contribuido al aumento de la población carcelaria en Latinoamérica, lo cual ha convertido a las prisiones en lo que llamamos "incubadoras del crimen organizado".
En lugar de disminuir las actividades criminales, las cárceles se han convertido en reproductoras de ellas. La corrupción y la debilidad de los sistemas judiciales y penitenciarios han hecho de las prisiones un refugio para pandillas y otros grupos criminales.
VEA TAMBIÉN: El dilema de prisiones en Latinoamérica
Las cárceles sirven como centros de organización, reclutamiento y entrenamiento para los grupos criminales. Por lo que si bien una gran parte de la población carcelaria en países como México y Argentina entran como delincuentes menores, muchos salen con más experiencia criminal y posibilidades de reincidir.
El hacinamiento causado por el uso masivo de las prisiones como respuesta a delitos de droga también contribuye a que las prisiones se conviertan en lugares virtualmente imposibles de controlar por las autoridades, por lo que en varias ocasiones quedan bajo el control de los grupos criminales.
Así como el CEDD, InSight Crime ha recomendado que es tiempo de buscar sentencias alternativas a los delitos de drogas menores, ya que el actual desequilibrio entre la seguridad ciudadana y el hacinamiento en las cárceles ha sido inefectivo y contraproducente.
Informe completo del CEDD: