Las autoridades venezolanas acusaron a cuatro miembros de la Guardia Nacional de conspirar para traficar una carga de cocaína a México, pero el hecho de que los oficiales sean de bajo rango es un indicio de la renuencia del gobierno por detener la corrupción en los niveles altos de la cadena de mando.
En un comunicado de prensa del 6 de agosto, la Fiscalía anunció cargos por tráfico de drogas contra 16 personas, entre las que se encuentran cuatro miembros de la Guardia Nacional, un administrador de seguridad de la aerolínea Aeroméxico y otros once trabajadores del aeropuerto.
El comunicado de prensa indica que los sospechosos intentaban enviar ocho maletas que contenían 600 kilogramos de cocaína en un vuelo que se dirigía de Venezuela a México el pasado 16 de junio. Las autoridades confiscaron el equipaje cargado de drogas cuando el vuelo llegó al aeropuerto internacional de Ciudad de México proveniente del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en la ciudad venezolana de Maiquetía.
Según un informe del 20 de junio, escrito por el periodista venezolano Javier Mayorca, el poderoso grupo mexicano Cartel de Sinaloa habría sido el destinatario de la droga, que en última instancia sería vendida en la frontera de Estados Unidos en Phoenix, Arizona.
El comunicado de prensa del gobierno ofrece pocos detalles sobre el esquema de tráfico o sobre la operación que condujo a la incautación de la droga. Sin embargo, especifica que entre los acusados se encuentra un primer lugarteniente de la Guardia Nacional, Higmar Vivas, y tres sargentos: Jimmy Useche, Elkin Fuentes y Víctor Molina.
La posición de primer lugarteniente es un rango relativamente bajo para un oficial de la Guardia Nacional Venezolana, por debajo de los rangos de general, coronel, mayor y capitán. El grado de sargento está por debajo del de lugarteniente.
Análisis de InSight Crime
El anuncio de los cargos contra los miembros de la Guardia Nacional en relación con la incautación de drogas en México en el mes de junio contrasta marcadamente con otro caso de presunta corrupción dentro de las fuerzas de seguridad de Venezuela.
La semana pasada, fiscales estadounidenses reabrieron una acusación en la que se alega que el exdirector general de la agencia antidrogas venezolana, Néstor Luis Reverol Torres —quien se desempeñó como general de la Guardia Nacional—, junto con el ex subdirector de la agencia antidrogas, Edylberto José Molina Molina, recibieron sobornos de los narcotraficantes a cambio de ayudarles a realizar sus negocios ilícitos.
Al día siguiente de la reapertura de la acusación, el presidente venezolano Nicolás Maduro nombró a Reverol como nuevo ministro del Interior del país, y se refirió a los cargos contra él como un ataque del “imperio norteamericano”.
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Como InSight Crime lo ha señalado, el gobierno venezolano ha levantado acusaciones contra otros miembros de bajo rango de la Guardia Nacional acusados de narcotráfico por Estados Unidos. Sin embargo, la administración de Maduro también ha protegido a funcionarios de más alto rango que enfrentan cargos en Estados Unidos.
David Smilde, un experto en Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus iniciales en inglés), escribió recientemente que ofrecer protección a funcionarios de alto nivel acusados de actividades criminales podría ser parte de una estrategia que pretende reforzar la posición política de Maduro, que se ha visto debilitada por la actual crisis económica y la creciente crisis de seguridad, que amenazan con derrocar al presidente.
“Maduro parece estar conformando un equipo de seguridad básico con los funcionarios que de alguna manera han sido incluidos en la lista negra de Estados Unidos”, escribió Smilde. “Esto parece lógico, dado que estos funcionarios tienen altos 'costos de salida' en cualquier escenario de transición. Dicho de otro modo, serán leales y lucharán hasta el final porque su capacidad para evadir la justicia de Estados Unidos depende de la supervivencia del Chavismo en el poder”.
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