En una Venezuela donde escasean los alimentos, las autoridades arrestaron a dos personas como sospechosas de traficar con casi tres toneladas de polvo blanco, pero no se trató de una incautación normal de drogas ilegales. Era harina.
Agentes de la policía en el municipio de Juan Antonio Sotillo, estado de Anzoátegui, decomisaron 2.700 kilogramos de harina de trigo el 26 de agosto, según informes de Sumarium.
En respuesta a un aviso de conducta sospechosa de sus vecinos, los agentes llegaron a una residencia. Al llegar, descubrieron 60 sacos con 45 kilos de harina por unidad. Ni el presunto dueño de los sacos, el teniente primero Luis Alberto Quero Silva, de la Guardia Nacional Bolivariana, ni la dueña de la residencia, María Ignacia Arrioja Maraima, pudieron justificar la procedencia del producto.
Ambos fueron arrestados y acusados de contrabando por desvío.
Análisis de InSight Crime
Existe cierta ironía en la noticia del decomiso de una cantidad tan grande de harina en Venezuela, un país que suele llenar los titulares por su importancia como punto de transbordo de cocaína en Suramérica.
Pero la redada no causa sorpresa dada la escasez generalizada de alimentos y otros productos, que enfrentan actualmente los venezolanos. La crisis de alimentos ha dado pie a otras historias sorprendentes, como una nota de este mes donde se analizaba cómo una cárcel se convirtió en supermercado de productos básicos.
Como ya lo había informado InSight Crime, el crimen organizado, tanto del país como de la vecina Colombia, han sido grandes beneficiarios de la crisis económica en Venezuela. Aunque por tradición Venezuela ha sido proveedor de muchos productos básicos subsidiados para el mercado de contrabando en Colombia, en especial de gasolina, el desabastecimiento de alimentos ha desembocado en un cambio de dirección del contrabando.
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Más aún, el hecho de que la persona atrapada en posesión de la presunta harina de contrabando fuera miembro de las fuerzas armadas no es sorpresa. Incapaz de cambiar el desmoronamiento y la corrupción de la economía del país, el presidente Nicolás Maduro decidió reforzar en el último mes el control del ejército sobre la producción y la distribución de alimentos.
Las fuerzas armadas de Venezuela cargan mala fama por la corrupción en sus filas, incluyendo la presunta participación de altos oficiales como cabecillas de la red de narcotráfico el Cartel de los Soles. Miembros del ejército se han visto implicados numerosas veces en casos de narcotoráfico, pero las autoridades venezolanas solo han arrestado a los oficiales de menor rango. Miembros del ejército también se han visto implicados en contrabando a lo largo de la frontera con Colombia, y el presidente Maduro asignó el mes pasado el control de los puertos de Venezuela a las fuerzas armadas.
Que el oficial arrestado en conexión con la harina fuera acusado de contrabando por desviación hace probable que usara su cargo para desviar el presunto contrabando de las existencias que recién fueron puestas bajo control del ejército.
La posibilidad de que el teniente trabajara como parte de un grupo —3 toneladas es todo un desafío logístico para una sola persona— puede ser una señal de que las redes criminales en el ejército se están ampliando del narcotráfico al ‘bachaqueo’, la reventa de productos básicos que se han vuelto extremadamente escasos en el país. Existen precedentes de cambios de ese tipo entre criminales de poca monta, donde algunos vendedores de droga cambian al tráfico de alimentos
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