Venezuela ha sido llamada ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas para responder por acusaciones de abuso generalizado por parte de las fuerzas de seguridad –un evento que podría minar aún más la credibilidad de un régimen en apuros, penetrado por el crimen organizado.
Tras los informes presentados por Amnistía Internacional y otras ONGs, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT, por sus siglas en inglés) está examinando si Venezuela ha cumplido con la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la cual el país es signatario, informó El Universal (ver video).
Los informes incluyen los casos de más de 3.000 personas que presuntamente sufrieron abusos tras ser detenidas durante las protestas contra el gobierno a principios de este año. Según el relator del CAT Jens Modvig, los casos van desde no permitir acceso a servicio médico hasta violencia sexual.
Otro experto presente en la reunión afirmó que “sólo 12 funcionarios públicos han sido condenados por violaciones a los derechos humanos en la última década cuando en el mismo periodo ha habido más de 5.000 denuncias”.
Funcionarios del CAT también cuestionaron la presunta colaboración de las fuerzas de seguridad con los colectivos armados y los aparentes inconvenientes con la legislación antitortura promulgada por Venezuela el año pasado. Estos incluyen falta de claridad sobre si los derechos humanos de los ciudadanos están siendo protegidos antes de que sean oficialmente detenidos y la falta de independencia de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, informó EFE.
Finalmente, el CAT abordó las problemáticas condiciones de las prisiones de Venezuela, incluyendo la sobrepoblación extrema y el uso excesivo de la prisión preventiva.
Venezuela respondió afirmando que la “Revolución Bolivariana es garante absoluta del disfrute de los derechos humanos de todas y todos”, y el Ministerio Público alegó que hay ONGs y abogados en Venezuela que hacen denuncias “sin fundamento”.
Análisis de InSight Crime
A pesar de que el compromiso de Venezuela con los derechos humanos ha sido cuestionado por los observadores internacionales durante mucho tiempo, esta es la primera vez en más de una década que el país comparece ante el Comité contra la Tortura de la ONU. El evento también representa un duro golpe contra el presidente Nicolás Maduro, quien se ha esforzado por mostrar a la oposición política como "fascista" y "asesina". Y ahora, en medio de un menguante respaldo al régimen, la administración deberá justificar sus severas acciones contra los manifestantes frente a una audiencia internacional.
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La audiencia también centra la atención en las fuerzas de seguridad de Venezuela poco después de que el ministro del Interior del país y el liderazgo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de la policía fueran reemplazados, después de un caso en el que cinco miembros de uno de los colectivos armados fueron asesinados en un presunto enfrentamiento con funcionarios del CICPC. En el pasado ya se han presentado acusaciones de ejecuciones extrajudiciales y secuestros cometidos por la policía de Venezuela, y se cree que los miembros de alto rango de las fuerzas armadas del país están profundamente involucrados en el tráfico de drogas.
Las denuncias de tortura también ponen de relieve la fijación extrema del régimen en los opositores políticos, y cómo éste ha fracasado en abordar adecuadamente los problemas de seguridad ciudadana, las deficiencias en el sistema judicial y el cambiante panorama de crimen organizado en el país.
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