El gobernador de un estado fronterizo de Venezuela, que solía ventilar denuncias sobre actividad criminal de los grupos guerrilleros colombianos en su lado de la frontera, ha sido inhabilitado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro para ejercer cargos públicos durante 15 años.
Liborio Guarulla, gobernador del estado sureño de Amazonas y figura destacada del partido opositor Movimiento Progresista de Venezuela (MPV) fue vetado del ejercicio de cargos públicos por la Contraloría General de la República (CGR) el 7 de mayo, informó El Nacional.
Guarulla compartió la noticia por su cuenta de Twitter.
"No tenemos la desesperación del Régimen Rojo así que el martes en Caracas hablaremos de nuestra pretendida inhabilitación política x la CGR", tuiteó el gobernador.
No tenemos la desesperacion del Régimen Rojo así que el martes en Caracas hablaremos de nuestra pretendida inhabilitación política x la CGR
— Liborio Guarulla (@LiborioGuarulla) May 7, 2017
El estado que gobierna Guarulla queda en el extremo sur de Venezuela, en la frontera con Colombia, la cual ha sido usada por largo tiempo como refugio y zona de retirada tanto por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), recién desmovilizadas, como por sus primos guerrilleros, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Amazonas, en particular, es el estado más rural y deshabitado de los cuatro estados fronterizos de Venezuela, y la investigación de InSight Crime indica que disidentes de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz firmado en 2016 con el gobierno colombiano se han refugiado allí, incluyendo a Géner García Molina, alias "John 40", uno de los narcotraficantes más notorios del grupo guerrillero.
Guarulla es el segundo gobernador venezolano suspendido de la actividad pública en las últimas semanas. El 7 de abril, Henrique Capriles Radonski, gobernador del estado de Miranda y excandidato presidencial, también fue inhabilitado por la CGR por 15 años, por presuntas irregularidades en el manejo de dineros públicos.
"Que esta inhabilitación sea otra razón para salir a las calles de todo el país", convocó Capriles en comentarios publicados por El País.
Venezuela ha sido testigo de masivas protestas contra el gobierno desde abril de este año, que han cobrado docenas de vidas.
Análisis de InSight Crime
Guarulla puede no tener el capital político de Capriles, pero ha sido por largo tiempo crítico declarado de la administración de Maduro. Ha denunciado la presunta complicidad de las fuerzas armadas venezolanas con grupos guerrilleros colombianos en actividades de contrabando, minería ilegal y narcotráfico en el estado de Amazonas.
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El 26 de octubre de 2015, el presidente Maduro declaró un estado de excepción en Atures, capital del estado de Amazonas, en un aparente esfuerzo por combatir los grupos paramilitares y el crimen organizado en el estado, parte de diversas declaraciones en ese sentido que cerraron la frontera con Colombia por un año, para beneficio del crimen organizado. Guarulla calificó de "hipócrita" la medida de Maduro, y sostuvo que su propósito era limitar la movilidad de residentes antes de las elecciones en lugar de resolver problemas de seguridad.
La pugna de Maduro con Guarulla cobró tintes personales en 2013, cuando el presidente supuestamente calificó de borracho y corrupto al gobernador de Amazonas.
Algunas de las denuncias de Guarulla siguen sin demostrarse, como las denuncias de que hay 4.000 guerrilleros colombianos en Amazonas, lo que parece un número muy grande, y la acusación de que las FARC robaron un helicóptero perteneciente a la Aviación Militar Bolivariana. Pero el gobernador ha sido un crítico enconado de los fracasos del gobierno en la frontera, y hecho resaltar la complicidad criminal entre el gobierno y actores criminales en la zona.
Los nexos entre el actual gobierno venezolano y los grupos guerrilleros colombianos no son nada nuevo, y se dispararon con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia en 1999. Chávez declaraba abiertamente su simpatía por las FARC y el ELN. Archivos recuperados del computador del comandante de las FARC alias "Raúl Reyes", asesinado en 2008, revelaron un presunto encuentro entre Chávez y Raúl Reyes en 2000, y muchos miembros de la cúpula del gobierno de Chávez se han reunido con importantes jefes de las FARC. Varios de ellos luego fueron sancionados o inculpados por Estados Unidos por su presunta participación en tráfico de armas y estupefacientes.
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Con las protestas en Venezuela al parecer dispuestas a mantenerse, Maduro enfrenta cada vez más presión nacional e internacional para renunciar o llegar a un acuerdo político con la oposición. Como resultado de eso, su administración, acusada de niveles atroces de corrupción además de narcotráfico, tiene mucho interés en silenciar cualquier nueva acusación de delincuencia
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