La policía investigativa de Venezuela ha iniciado una investigación por el reciente asesinato de 17 mineros, en un caso que se ha puesto en el centro de una guerra política entre el gobierno socialista y la oposición.
El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela (CICPC), Douglas Rico, declaró que a raíz del caso se destituirá a varios agentes locales, mientras que es posible que la Fiscalía General también emprenda investigaciones independientes contra el ejército y la policía, señaló Associated Press (AP).
El 14 de marzo, las autoridades descubrieron los cuerpos de 17 mineros en una fosa común en el estado de Bolívar, al sureste del país, de los cuales 14 han sido plenamente identificados. Se dijo que las víctimas fueron ejecutadas, la mayoría con balas en la cabeza.
Según el testimonio de un testigo, un grupo de 60 personas armadas —algunas de las cuales iban vestidas de civil, mientras que otros llevaban uniformes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (SEBIN) y el CICPC— participaron en la desaparición de los mineros. Presuntamente seguían órdenes del cabecilla de la banda criminal identificado como responsable de las desapariciones, el ecuatoriano Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias "El Topo".
Las autoridades hicieron por lo menos un arresto en el caso y buscan a tres sospechosos, incluido El Topo.
Análisis de InSight Crime
La masacre de los mineros ha inflamado las ya tensas relaciones entre el gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional dirigida por la oposición.
Alrededor de la desaparición masiva surgieron diferentes teorías encontradas. Por un lado, la administración de Maduro especuló que los mineros habían sido víctimas de una "masacre relacionada con las guerras entre pandillas", perpetrada por El Topo y sus secuaces, quienes según funcionarios del gobierno tienen vínculos con la organización paramilitar desmovilizada Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
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Por otro lado, políticos de la oposición han señalado al ejército, llamando la atención sobre la complicidad de larga data entre las fuerzas armadas y los grupos criminales en la zona. El diputado Américo de Grazia aseguró recientemente que recibió amenazas de muerte después de denunciar las desapariciones. El diputado también insinuó que las desapariciones son resultado de una “limpieza” del gobierno en la zona para permitir la entrada de mutinacionales de la minería de oro a la región.
Ambas versiones de los eventos tienen sus aspectos plausibles. Se dice que en el estado de Bolívar funcionan cuatro bandas criminales, y que son frecuentes los enfrentamientos violentos por el negocio minero. Los lugareños también han señalado que detrás de la reciente masacre habría una disputa por territorio. Las fuerzas de seguridad, entretanto, supuestamente se confabularon en el pasado con grupos criminales para extorsionar a los mineros e imponer servicios de vigilancia en Bolívar.
Aunque la verdad está fuera del alcance por ahora, la politización de este caso amenaza con eclipsar una dinámica más fundamental que hay en juego, como es la mayor sofisticación del crimen organizado en Venezuela, y la incapacidad del gobierno para combatir ese fenómeno.
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