Siete funcionarios militares de Venezuela activos y en retiro van a ser juzgados por permitir el tránsito de narcovuelos por el país, en un proceso a pequeña escala que sigue sin afectar a los rangos más altos de militares corruptos.
Un tribunal del estado de Aragua ha confirmado los cargos contra cinco oficiales de la Aviación Militar Bolivariana —un mayor, un capitán y dos tenientes— y dos funcionarios de la Guardia Nacional retirados, según un comunicado de prensa del Ministerio Público. Estos individuos son sospechosos de permitir la entrada y salida de aeronaves no autorizadas por el espacio aéreo venezolano, y serán juzgados por tráfico de drogas, conspiración y conformación de grupos armados.
Entre los acusados se encuentra el coronel de la Aviación Rafael Ponce Delgado, quien antes era el encargado del área de comunicaciones de la torre de control en el aeropuerto de Las Flechas, en el estado de Apure, fronterizo con Colombia.
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Los militares activos y en retiro están detenidos. Tres ciudadanos colombianos y uno venezolano han sido condenados a cinco años de prisión como parte del mismo caso.
El Ministerio Público agregó que un oficial militar de alto rango presuntamente ofreció una cantidad significativa de dólares por mes —aunque no está claro a quien— a cambio de permitir el paso de los vuelos ilegales.
Las investigaciones comenzaron en mayo de 2015, luego de que algunas denuncias fueran presentadas a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM.
Análisis de InSight Crime
Si bien esta investigación de un tribunal venezolano sobre la participación de miembros del ejército en actividades criminales es alentadora, su enfoque en los funcionarios de bajo rango es de poco impacto y no apunta a la élite militar que se cree que está detrás de las operaciones de tráfico de drogas del país.
Aunque dichos procesos tienen como objetivo destituir a los militares corruptos de más bajo nivel, se cree ampliamente que la participación en el tráfico de drogas involucra a los puestos militares más altos —conocidos como el "Cartel de los Soles"— así como a líderes políticos (el actual vicepresidente y exjefe de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ha sido acusado en numerosas ocasiones en los últimos meses).
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Este nuevo juicio recuerda la insatisfactoria respuesta judicial que se le dio a la histórica incautación de 1,3 toneladas de cocaína en un vuelo comercial que iba de Caracas a París en 2013. Varios miembros de la Guardia Nacional —incluyendo dos sargentos y un teniente primero— fueron posteriormente detenidos, aunque se sugirió que estas detenciones no eran más que una fachada, mientras que los verdaderos cerebros detrás de la operación permanecieron libres.
La impunidad de figuras de alto nivel continúa a pesar de la creciente presión de Estados Unidos por poner en evidencia la participación de elementos del gobierno venezolano en actividades ilegales. En diciembre de 2015, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que iba a presentar cargos contra numerosos altos funcionarios del gobierno venezolano, entre ellos el jefe de la Guardia Nacional y ex Zar antidrogas Néstor Reverol, y el exfuncionario Edilberto Molina.
Por otra parte, en noviembre de 2015, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) arrestó en Haití a los sobrinos de la primera dama de Venezuela, quienes actualmente están siendo juzgados por un tribunal de Nueva York por cargos de tráfico de cocaína. La reacción del gobierno socialista de Venezuela ha sido, en general, la negación, y la primera dama, Cilia Flores, habló recientemente sobre el caso, alegando que la DEA había "secuestrado" a sus sobrinos.
El ejército representa una base de poder clave para el gobierno socialista del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que se está desmoronando; así que no es sorprendente que el Ejecutivo opte por hacerse el de la vista gorda frente a las graves denuncias penales para evitar comprometer el apoyo del ejército hacia el régimen.
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