El estado mexicano de Veracruz, ubicado al oriente del país, se convirtió en el lugar más peligroso para los periodistas en Latinoamérica durante la administración del exgobernador Javier Duarte, actualmente prófugo, según un reciente informe que ilustra cómo un Estado corrupto a menudo representa la principal amenaza que enfrentan los periodistas.
En su informe "Veracruz: periodistas y el Estado del terror", (pdf) Reporteros Sin Fronteras (Reporters Sans Frontières - RSF) señalan que 19 periodistas fueron asesinados y cuatro más desaparecieron en Veracruz entre enero de 2000 y septiembre de 2016. Esto significa que el 20 por ciento de los asesinatos de periodistas y el 20 por ciento de las desapariciones en México durante ese período ocurrieron en ese estado.
Sin embargo, fue sólo después de 2010, cuando el gobernador Javier Duarte asumió el poder, que Veracruz se convirtió en el estado mexicano más peligroso para los periodistas. En los seis años de la administración Duarte, que terminó abruptamente cuando el gobernador huyó para evadir acusaciones de corrupción a finales de 2016, ocurrieron 17 de los asesinatos y tres de las desapariciones.
Según la investigación de RSF, aunque Veracruz está plagado de redes criminales como Los Zetas, la principal amenaza para los periodistas proviene no del crimen organizado sino del estado, especialmente durante la administración Duarte.
"Javier Duarte estableció un reinado del terror para los periodistas a lo largo de sus seis años como gobernador, entre 2010 y 2016, en un clima de tal impunidad que él podía amenazar abierta y públicamente a los medios de comunicación sin tener que rendir cuentas por ello", indica el informe.
Por su parte, los carteles son "percibidos en Veracruz como el brazo armado de los políticos, pero actúan sin reparos por iniciativa propia cuando los periodistas se interesan demasiado en sus asuntos".
La violencia contra los periodistas en Veracruz se ha presentado a pesar de ser el estado con las mayores medidas de protección para los periodistas; en efecto, el 18,6 por ciento de los periodistas mexicanos que reciben medidas de protección residen en dicho estado.
El informe señala que esta aparente contradicción es típica de la situación de México.
"Paradójicamente, México cuenta con una impresionante variedad de mecanismos y leyes para la protección del personal de los medios de comunicación. Por desgracia, las cifras presentadas en este informe evidencian la ineficacia de estos mecanismos y el fracaso de las autoridades", afirma el documento.
Análisis de InSight Crime
El aumento de la violencia contra los periodistas en un momento en que la guerra contra las drogas en México se ha salido de control ha sido bien documentado. Sin embargo, el informe de RSF llama la atención sobre una parte de esta violencia que a menudo se pasa por alto: el papel del Estado.
Desenmascarar la corrupción del Estado, bien sea mediante el enriquecimiento personal o la colusión con el crimen organizado, suele ser incluso más peligroso que desenmascarar a las redes criminales, pues los individuos en cuestión tienen una reputación legal y un estatus que defender.
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Como destaca RSF, el solo hecho de establecer mecanismos para proteger a los periodistas no es suficiente para combatir estas amenazas. Para que sean efectivos, estos mecanismos deben ser adecuadamente financiados, apoyados e implementados. Además, poco se puede avanzar hasta que no se ponga fin a la impunidad en torno a los crímenes contra los periodistas; en Veracruz, las tasas de impunidad de los crímenes contra los periodistas ascienden a casi el 100 por ciento, según RSF.
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