Una exjueza con jurisdicción nacional del sistema tribunal especial de Honduras, encargado de llevar casos importantes contra pandillas y miembros del crimen organizado, ha sido declarada culpable por aceptar un soborno, lo cual es un signo positivo de que la Fiscalía General del país empieza a sanear el sistema judicial.
La jueza Wendy Caballero y su hermano fueron declarados culpables de recibir sobornos de hasta US$90.000 el 4 de diciembre, informó El Heraldo.
Los cargos de soborno están vinculados a la decisión de Caballero de dictar arresto domiciliario para Alexander Montes Aguilar, alias 'Moncho', un presunto narcotraficante y líder de pandilla.
Caballero fue capturada con un paquete de dinero en efectivo en diciembre de 2013, en el aeropuerto de San Pedro Sula, cuando regresaba de California. Ella enfrenta hasta nueve años de cárcel por el delito.
La sentencia contra la jueza y su hermano ocurre un mes después de que un poderoso político hondureño fuera arrestado por cargos de soborno. Según El Heraldo, Roberto Turcios Fúnez fue arrestado el 3 de noviembre por soborno "continuado" a 43 personas. Fúnez era un destacado empresario y había ejercido como ayudante político del expresidente Roberto Micheletti.
Análisis de InSight Crime
Los casos contra Caballero y Fúnez indican que algo está funcionando en el Ministerio Público. Además de Caballero, el despacho del fiscal general Óscar Chinchilla le informó a InSight Crime que ha acusado a otros tres jueces que trabajaban en los mismos tribunales especiales donde laboraba Caballero.
Dicho despacho también se encuentra investigando, por cargos similares, al presidente del Consejo de la Judicatura, el cual nombra a estos jueces y a otros en este tipo de puestos.
En total, el despacho de Chinchilla dice haber logrado 50 condenatorias en casos de corrupción durante los primeros 24 meses de su mandato, en comparación con 45 veredictos de culpabilidad en los últimos 19 años.
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La irónico es que, aunque el Ministerio Público muestra resultados, la comunidad internacional está pidiendo a gritos un papel internacional más fuerte y directo en los asuntos judiciales del país. En concreto, el país está en el complicado proceso de desarrollar un organismo de lucha contra la corrupción y la impunidad.
La llamada Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) sigue el modelo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo respaldado por las Naciones Unidas.
A pesar del éxito de la CICIG en ese país (o quizá debido a ello), la MACCIH podría enfrentar grandes obstáculos y de hecho podría ser contraproducente en Honduras.
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