Un video grabado en una cárcel de Panamá, en el que aparecen internos cargando armas, ha levantado nuevas sospechas sobre el estado del sistema penitenciario del país.
Las imágenes, supuestamente grabadas en la prisión de "La Joyita" en la ciudad panameña de Pacora, muestran a los reclusos presumiendo de cargar armas de alto calibre, informó Panamá América (vea el video abajo).
El video, que las autoridades creen que fue grabado en diciembre de 2016, pero que circuló en las redes sociales en abril de este año, condujo al presidente Juan Carlos Varela a ordenar una redada en La Joyita el día 5 de abril, la cual supervisó personalmente. La redada, que según los informes fue realizada por unos 1.000 agentes, se concentró en el pabellón 9 de la penitenciaría, que alberga criminales peligrosos y miembros de pandillas.
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Aunque las autoridades supuestamente sólo confiscaron la mitad de las armas que aparecen en el video, la redada también permitió la incautación de drogas y municiones. Los 12 presos que aparecen en el video fueron identificados en su totalidad, llevados ante el presidente Varela y transferidos a otra prisión, conocida como "La Gran Joya", una cárcel de alta seguridad también ubicada en Pacora.
"La presencia de armas en las cárceles del país no la vamos a aceptar y hoy se está limpiando La Joyita", le dijo el presidente Varela a Telemetro el 6 de abril.
Análisis de InSight Crime
El video grabado en La Joyita arroja luz sobre el pésimo estado del sistema carcelario de Panamá, y sobre las libertades que disfrutan los presos en algunas cárceles, gracias a la complicidad de funcionarios corruptos.
De hecho, este no es el primer incidente que involucra armas de fuego en La Joyita. Ya en 2014, un recluso fue asesinado durante un tiroteo, tras el cual otros cuatro reclusos resultaron heridos, informó Noticias Terra. Y en junio de 2015, seis reclusos escaparon de la penitenciaría.
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Más preocupante aún es el hecho de que, según el director de la cárcel, las cámaras al interior de la penitenciaría no funcionan correctamente, y los presos pueden acceder fácilmente a sus teléfonos móviles y coordinar actividades criminales desde las prisiones.
Pero mientras que por un lado el gobierno de Varela enfrenta presiones para endurecer las medidas de seguridad en algunas cárceles, otras personas han señalado el tratamiento inhumano que reciben los presos.
En 2015, la defensora del pueblo de Panamá, Lilia Herrera, publicó un informe en el que señalaba las presuntas violaciones a los derechos humanos de los criminales detenidos en Punta Coco, una prisión de máxima seguridad en Isla del Rey. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido al gobierno transferir los presos de Punta Coco a un "lugar que cumpla los estándares internacionales aplicables a personas privadas de libertad", informó Panamá América.
Pero Varela tiene claro que no acatará las recomendaciones: "Punta Coco se va a mantener abierta. Prefiero que nos cuestionen a poner en riesgo la vida de panameñas y panameños", fueron las palabras del presidente en Noticias Terra.
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