Información del gobierno indica que 12 alcaldes de todo Guerrero, México, pueden tener lazos criminales -lo que sugiere que una dinámica que capturó la atención de la gente por el caso de los 43 manifestantes estudiantiles desaparecidos en Iguala es algo preocupantemente generalizado en este estado y probablemente en otros.
Según informes de inteligencia de los cuerpos de seguridad mexicanos a los que tuvo acceso Milenio, estos exalcaldes y alcaldes, concentrados principalmente en el suroeste y centro de Guerrero (vea el mapa), son investigados por tener vínculos con la Familia Michoacana, Guerreros Unidos, Los Rojos, los Caballeros Templarios, y un grupo llamado Granados-Beltrán Leyva. El último de ellos presuntamente trabaja en nombre de la organización de los Beltrán Leyva (BLO) y el Cartel de Jalisco-Nueva Generación (CJNG).
Dos alcaldes ya han sido arrestados por acontecimientos relacionados con estos vínculos. José Luis Abarca, el exalcalde de Iguala, fue capturado recientemente junto con su esposa por presuntamente ordenar los ataques contra los manifestantes estudiantiles que fueron perpetrados por Guerreros Unidos. Mientras tanto, Feliciano Álvarez Mesino de Cuetzala del Progreso fue arrestado en abril por presuntos vínculos con la Familia Michoacana y por acusaciones de secuestro.
Del resto, algunos al parecer han sido coaccionados para apoyar a los grupos criminales. Otros, como el alcalde de Taxco -que limita con Iguala- y el alcalde de Chilapa de Álvarez, que se encuentra más al sur, son acusados de proteger y trabajar con grupos criminales de forma activa, en parte, a través del mantenimiento de fuerzas policiales locales altamente corruptas.
Análisis de InSight Crime
El presunto secuestro y espantosos asesinatos de 43 estudiantes que protestaban en Iguala en septiembre pasado -un caso que ha recibido una enorme atención internacional, pero que aún no ha sido resuelto- ayudaron a sacar a la luz numerosos vínculos entre el gobierno local y la policía municipal con Guerreros Unidos. Como revela la información de Milenio, Iguala está lejos de ser un caso único en este sentido.
Mediante el desarrollo de lazos con el gobierno local, a los grupos criminales más pequeños de México se les garantiza una medida de protección para sus actividades. A diferencia de Colombia, México cuenta con fuerzas policiales municipales y estatales que operan de forma independiente de la fuerza nacional, lo que significa que los alcaldes y gobernadores pueden tener una influencia significativa sobre sus actividades. La corrupción entre las fuerzas de seguridad locales ha sido un problema generalizado y recurrente en México, y Guerrero es el estado con el sexto porcentaje más alto de la policía municipal que han fallado las pruebas de confianza como parte de un proceso de reforma en curso.
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Una dinámica similar a la de Guerrero se ha visto en el vecino Michoacán, donde varios alcaldes y concejales -así como el ex gobernador interino- han sido detenidos por presuntos vínculos con los Caballeros Templarios.
Estos vínculos -que como indica Milenio no son siempre una opción para los alcaldes- son quizás un subproducto natural de la fractura del crimen organizado en México, y la creciente tendencia hacia grupos más pequeños y más regionales que necesitan mantener los contactos y la influencia en su área de operación, sin la capacidad de corromper la política en una escala nacional.
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