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La violencia aumenta en Nicaragua, pero las dudas sobre quiénes son los responsables disminuyen

HOMICIDIOS / 16 JUL 2018 POR PARKER ASMANN ES

La policía de Nicaragua y paramilitares respaldados por el Gobierno continúan atacando a manifestantes civiles, pero cada vez se cuestiona menos quién es el responsable de los asesinatos.

Según La Prensa, durante el pasado fin de semana la policía y varios grupos armados partidarios del Gobierno de Nicaragua, conocidos como "parapoliciales", asesinaron al menos a 10 personas durante diversos enfrentamientos en varias ciudades, en medio de una ola de violencia que se desató tras las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega que se iniciaron en el mes de abril.

El caso más documentado comenzó el 13 de julio, cuando grupos parapoliciales provistos con armas de alto alcance llevaron a cabo un ataque que se extendió durante 15 horas, dirigido contra unos 200 estudiantes y otras personas que quedaron atrapadas al interior de una iglesia cerca del campus de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) en la capital, Managua, según informó para la BBC el periodista nicaragüense Ismael López, quien se encontraba entre las personas acorraladas.

Dos estudiantes murieron y al menos 10 personas resultaron heridas durante el ataque, pero solo fueron atendidas cuando el personal médico pudo llegar a socorrerlas a la mañana siguiente.

      VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Nicaragua

Durante los siguientes dos días, diversos grupos parapoliciales se desplegaron por todo el país para llevar a cabo otros ataques coordinados, así como secuestros selectivos. Según La Prensa, por lo menos otras ocho personas —entre ellas una niña de 10 años de edad— murieron en estos ataques, y algunas más permanecen desaparecidas.

Estas violentas acciones se presentan luego de que al menos 20 personas murieran el 8 de julio a manos de grupos parapoliciales en el departamento de Carazo, al occidente del país. Desde el 18 de abril, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANDPH) ha registrado al menos 351 muertos, más de 2.000 heridos, casi 330 secuestros, cientos de desapariciones forzadas y la posible presencia de fosas clandestinas.

Análisis de InSight Crime

El Gobierno de Nicaragua ha negado enérgicamente su responsabilidad, señalando que dichos actos han sido cometidos por "terroristas" que, según el mismo Gobierno, están atacando a la policía.

"Este es un país que ha sabido superar grandes tragedias", dijo Rosario Murillo, esposa de Ortega y vicepresidenta del país, en un comunicado emitido por el Gobierno. "Hemos aprendido de la paciencia, de la prudencia, de la sabiduría y de la fe. Sabemos que Dios es justo y que el mal no puede vencer al bien. Por eso las acciones de un pequeño grupo de terroristas no prevalecerán sobre la voluntad de la mayoría del pueblo".

Ante esta situación, el Gobierno permanece incólume. De hecho, si había cuestionamientos acerca de quién es el responsable de los cientos de asesinatos en Nicaragua en los últimos meses, estos han desaparecido por completo.

En días recientes, Human Rights Watch emitió un comunicado en el que condenaba al Gobierno por su papel en los asesinatos y nombraba como responsables a altos funcionarios de la policía.

Tras una visita a Nicaragua en el mes de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también redactó un informe en el que criticaba duramente al Gobierno nicaragüense por "el excesivo y arbitrario uso de la fuerza policial, [y] por recurrir a unidades parapoliciales o grupos de choque con la aquiescencia y tolerancia de las autoridades del Estado".

 

Como InSight Crime informó recientemente, se cree que los grupos parapoliciales que trabajan en conjunto con la policía nacional son las principales fuerzas implicadas en los asesinatos.

Diversos observadores internacionales han denunciado durante meses el uso de grupos parapoliciales y han exigido que Ortega los desmantele con el fin de detener las fuertes represiones. A medida que la violencia sigue aumentando, existe un creciente riesgo de que estos grupos se conviertan en organizaciones criminales dedicadas a otras actividades ilícitas.

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