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Violencia criminal ha desplazado a millones de personas en Latinoamérica

DESPLAZADOS / 13 MAY 2016 POR MIKE LASUSA ES

Un informe publicado recientemente llama la atención sobre el papel central que cumple el crimen en la generación de desplazamiento y migración en Latinoamérica, y estima que la violencia relacionada con los grupos criminales ha contribuido al desplazamiento de millones de personas en toda la región en los últimos años.

El “Informe Global sobre Desplazamiento Interno”, publicado este mes por el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC por sus iniciales en inglés), del Consejo Noruego para los Refugiados, estima que sólo en Colombia hubo más de 224.000 ciudadanos desplazados el año pasado como resultado del conflicto interno y la violencia. Según el informe, el largo y violento conflicto armado colombiano ha llevado al desplazamiento de más de 6,3 millones de personas desde 1996.

Sin embargo, los autores también señalan que muchos colombianos que habían abandonado sus hogares ya han regresado y técnicamente no son considerados como personas desplazadas. El verdadero número de colombianos afectados por el desplazamiento relacionado con el conflicto, dice el informe, “es difícil o quizá imposible de calcular”.

El IDMC estima además que la violencia asociada con las organizaciones criminales ha contribuido al desplazamiento de al menos un millón de personas en México y el Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras. Esa cifra representa un aumento de las estimaciones de la organización en 2014, que consideró que aproximadamente 848.000 personas de esa región fueron desplazadas por las actividades criminales.

Aunque México tiene la mayor población de estos cuatro países, el IDMC estima que la nación con la menor población total, El Salvador, tiene el mayor número de personas desplazadas por el conflicto y la violencia —289.000, en comparación con 287.000 de México—. El segundo país más poblado de los cuatro, Guatemala, tiene unos 251.000 ciudadanos desplazados internamente, mientras que Honduras tiene unos 174.000.

El informe subraya que obtener datos precisos sobre las poblaciones internamente desplazadas plantea muchos desafíos, y señala que las cifras antes mencionadas deben considerarse con precaución.

El caso de México proporciona un ejemplo útil: La Comisión Nacional de Derechos Humanos del país sacó su propio informe (pdf) de los desplazamientos internos el mismo día en que salió el informe de IDMC, en el cual estima que en el país hay aproximadamente 40.000 personas desplazadas. Sin embargo, otras estimaciones recientes sugieren que casi dos millones de mexicanos han sido desplazados por la violencia criminal desde 2006.

Análisis de InSight Crime

A pesar de la dificultad de obtener estadísticas exactas sobre los desplazamientos relacionados con el crimen, estos informes ponen de relieve el papel clave que juega la violencia criminal en la decisión de los ciudadanos de los países latinoamericanos de abandonar sus hogares.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre desplazamiento

Como InSight Crime ha divulgado previamente, un cuerpo creciente de evidencia sugiere una fuerte correlación entre la victimización por el crimen y la intención de los ciudadanos de emigrar. Según una encuesta del año 2012 citada por el IDMC, el 13.5 por ciento de los habitantes del Triángulo del Norte —el equivalente a unos 4 millones de personas— reportaron haber contemplado un traslado por temor a la violencia criminal. En algunos casos, los grupos criminales han intentado incluso desalojar a barrios enteros a la vez.

La creciente evidencia que apunta a una correlación entre crimen y desplazamiento tiene importantes implicaciones para las políticas públicas. Muchos de los países más afectados por el desplazamiento interno relacionado con el crimen siguen concentrando sus recursos en el fortalecimiento de las medidas de seguridad para combatir a los grupos criminales. Sin embargo, estos enfoques a menudo no abordan adecuadamente las preocupaciones y desafíos que enfrentan las víctimas de la actividad criminal.

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