Fallo judicial en Colombia reconoce violencia sexual en las FARC

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Un fallo judicial reciente reconoce los derechos de mujeres excombatientes de las FARC que fueron víctimas de violencia sexual y reproductiva durante el conflicto armado y sienta un precedente jurídico sobre su rol en ese grupo armado.

El pasado 11 de diciembre, la Corte Constitucional colombiana emitió una sentencia que reconoce a Helena, una mujer que fue reclutada de manera forzada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cuando tenía 14 años, como víctima del conflicto armado. Este reconocimiento le brinda acceso a reparaciones.

Helena, cuyo nombre fue asignado por la Corte para proteger su identidad, fue víctima de violencia reproductiva al ser obligada a inyectarse anticonceptivos durante sus años con la guerrilla. Según el testimonio compartido por Women’s Link Worldwide, la joven fue obligada a abortar cuando quedó embarazada tras una relación consensuada.

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Según el relato, a pesar de que pidió a la comandancia que la dejara continuar con su embarazo, recibió amenazas de muerte. En contra de su voluntad, se le practicó un aborto en condiciones insalubres en el cual perdió mucha sangre. El procedimiento dejó a Helena con graves secuelas físicas y psicológicas que aún padece.

En la sentencia de la Corte se ordenó que Helena recibiera asistencia médica especializada con un enfoque diferencial, además de que se le incluyera en el Registro Único de Víctimas de Colombia para garantizarle el acceso a las medidas de reparación que contempla la Ley de Víctimas de 2011.

La planificación familiar era una de las medidas obligatorias que las FARC establecieron durante la Octava Conferencia Guerrillera celebrada en 1993 al considerar que el embarazo no era compatible con la vida guerrillera.

Análisis de InSight Crime

La decisión de la Corte sienta un precedente en Colombia al reconocer que las excombatientes de las FARC no estuvieron exentas de sufrir violaciones a sus derechos sexuales y reproductivos. Además, constituye un referente internacional en el reconocimiento de los tipos de violencia que experimentan muchas mujeres y niñas al interior de los grupos armados.

Aunque existe un subregistro de los casos de violencia sexual al interior de las FARC, algunos estimativos dan una aproximación de la magnitud del problema. De acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación publicada por el diario El Espectador, en promedio, cada año se habrían realizado alrededor de 1.000 abortos en la guerrilla.

En los últimos años, las denuncias de casos de violencia sexual y reproductiva en las filas de las FARC han sido recurrentes. Varios han sido denunciados por Women’s Link Worldwide ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el organismo creado por el acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y las FARC en 2016 para administrar justicia transicional y conocer los delitos cometidos en el marco del conflicto armado.

El caso de Helena es uno de los 35 testimonios de víctimas de violencia reproductiva que actualmente revisa la JEP.

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El fallo de la Corte en el caso de Helena representa, según los demandantes, una victoria para la restitución de los derechos de muchas mujeres y niñas excombatientes que también fueron reclutadas de manera forzada y sufrieron violaciones a sus derechos reproductivos.

Antes de esta decisión, los casos de estas víctimas se encontraban en un limbo jurídico, pues “eran excluidas de las reparaciones de la Ley de Víctimas por haberse desmovilizado o huido de las FARC siendo mayores de edad, y no contaban con ninguna otra vía para ser reparadas”, afirmó Mariana Ardila, abogada de Women’s Link.

Este caso también representa un cambio en la manera en que la justicia transicional reconoce el rol de las mujeres combatientes dentro de un conflicto armado, al señalar que a pesar de pertenecer a un grupo insurgente y participar de sus actividades delictivas, estas mujeres son a la vez víctimas de violencia física, sexual y emocional por la cual deben ser reparadas.

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