Las autoridades de Honduras hablan con orgullo de un descenso en los homicidios en los últimos años, pero la serie de masacres que se han presentado a comienzos de 2019 ponen en duda el éxito de la política de seguridad en el país centroamericano.
Durante las dos primeras semanas del año nuevo, al menos 30 personas han muerto en ocho masacres en diversos lugares del país, desde la ciudad caribeña de Puerto Cortés, al norte, pasando por el departamento de Olancho, en el occidente, y la capital, Tegucigalpa, como informó El Heraldo.
Según La Tribuna, los criminólogos del país afirman que las pandillas rivales que se enfrentan por el territorio y el control del microtráfico son las responsables de los derramamientos de sangre. La reducción de las operaciones policiales después de la temporada navideña también pudo haber contribuido al aumento de la violencia, dado que ello les permite a las pandillas ajustar cuentas y cobrar extorsiones. Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS13) son las dos pandillas predominantes en Honduras.
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El medio de noticias Confidencial consultó sobre las recientes masacres al portavoz de la Policía Nacional, Jair Meza, quien señaló que es importante recordar que los homicidios han bajado en comparación con años anteriores.
Los homicidios han disminuido considerablemente después de que la tasa de asesinatos del país ascendiera a 86,5 por 100.000 habitantes en 2011. La tasa de homicidios se redujo en más de la mitad, llegando a 42,8 en 2017 y a 40 por cada 100.000 habitantes en 2018, la tasa más baja registrada en más de una década.
Algunos expertos le dijeron a InSight Crime en noviembre de 2017 que diversos factores han permitido la reducción de la violencia, como el desmantelamiento de grandes redes criminales y la reforma y depuración de la Policía Nacional.
Análisis de InSight Crime
Aunque las tasas de homicidio han disminuido en Honduras, el alto número de muertes en este comienzo de año pone de presente que la violencia, promovida por la corrupción institucional, sigue amenazando la seguridad del país a largo plazo.
Si bien la revisión de la fuerza policial del país, que comenzó en 2016, ha resultado en el despido o la investigación de miles de oficiales, la fuerza sigue siendo acosada por la corrupción. En octubre de 2018, las autoridades acusaron y emitieron una orden de arresto por el comisionado de la Policía Nacional, Lorgio Oquelí Mejía Tinoco y más de una docena de funcionarios por su presunta conexión a una red de tráfico de ganado. Mejía Tinoco sigue huyendo.
Las malas conductas son también comunes en la clase política de Honduras. En noviembre de 2018, las autoridades de Estados Unidos arrestaron al excongresista hondureño Juan Antonio "Tony" Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández. Los fiscales alegan que el hermano del presidente es un "importante narcotraficante" que introdujo "toneladas de cocaína" a Estados Unidos.
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Las élites políticas también se han visto involucradas en una serie de escándalos de corrupción, como la apropiación de recursos estatales y la desviación de millones de dólares de dineros públicos. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) estima que Honduras pierde cerca de mil millones de dólares al año a causa de la corrupción.
Además, Honduras tiene una de las tasas de impunidad más altas de Latinoamérica. Los ciudadanos tienen poca confianza en los funcionarios elegidos o en las autoridades encargadas de protegerlos de la delincuencia y la violencia, lo que lleva a muchos a huir del país. En la ciudad de San Pedro Sula, al norte del país, considerada una de las más violentas del mundo, una nueva caravana de migrantes —una de las muchas que han salido de Centroamérica en los últimos meses— acaba de partir rumbo a Estados Unidos.
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