La nueva política de seguridad del gobierno de Gustavo Petro ha hecho de la lucha contra la deforestación uno de sus pilares, pero varios desafíos se asoman en su ejecución.
La "Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana", presentada el 25 de abril por el Ministerio de Defensa, amplía la definición de seguridad para incluir la protección del ambiente, según el ministro Iván Velásquez. La lucha contra la deforestación, la gestión del cambio climático, y la lucha contra la explotación ilícita de yacimientos minerales son las principales estrategias.
Para ello, las comunidades locales estarán al frente de la lucha contra la deforestación. Y en lugar de perseguir a pequeños campesinos, las autoridades centrarán su atención en quienes financian la deforestación.
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La política establece la reconsideración de los mecanismos de control sobre la venta y distribución de insumos como explosivos, mercurio, combustible, y busca fortalecer la inteligencia sobre los modus operandi de los grupos mineros ilegales. Además, hace énfasis en centrar los esfuerzos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en perseguir a los grupos criminales y destruir la maquinaria pesada utilizada en las explotaciones mineras ilegales, según el documento.
El anuncio ocurre en un momento complejo para el medio ambiente colombiano. Según cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) de Colombia, se destruyeron 174.103 hectáreas de bosque en 2021, un incremento de casi 2% en comparación con 2020. Entre las principales causas destacan prácticas de ganadería extensiva, la siembra de cultivos ilícitos, la minería ilegal y la apertura de vías ilegales.
Análisis de InSight Crime
Aunque los objetivos medioambientales planteados por la nueva política de seguridad de Colombia son elogiables, deben superar tres retos principales.
En primer lugar, capturar y judicializar a los grandes responsables detrás de la deforestación es una tarea ardua. Estos actores se camuflan en importantes sectores económicos, como la ganadería y el cultivo de palma.
En 2020, InSight Crime reportó sobre los vínculos de políticos del departamento de Guaviare, en el este del país, con la apropiación ilegal de baldíos para el desarrollo de proyectos de agroindustria. Las investigaciones han avanzado con lentitud y se desconocen sentencias sobre este caso en particular.
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Aunque hacer de las comunidades un agente activo en la conservación es un paso necesario, es necesario brindar garantías de seguridad a quienes se involucren en la conservación de los bosques, ya que podrían ser blanco de ataques y amenazas por parte de grupos criminales que se lucran de los delitos ambientales. De hecho, Colombia fue el segundo país más peligroso en el mundo para activistas ambientales en 2021 de acuerdo al reporte de Global Witness. Y en 2020, Colombia fue el país más peligroso para los defensores ambientales según la misma ONG.
En tercer lugar, la destrucción de maquinaria pesada que extrae el oro de los ríos ha causado revuelos en zonas mineras. A principios de 2023, en la región de Bajo Cauca, al norte de Colombia, un paro minero apoyado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Urabeños o Clan del Golfo, detuvo la región por varios días. Esto llevó al presidente Gustavo Petro a suspender el decreto de cese al fuego que había instaurado con este grupo en el marco de la "Paz Total".
En una visita a Leticia, capital del departamento de Amazonas, fuerzas de seguridad y funcionarios de la gobernación explicaron a InSight Crime lo difícil que resulta destruir maquinaria minera. Por ejemplo, llegar hasta las dragas localizadas en el río Pureté, una de las arterias fluviales que conecta a Colombia con Brasil, toma seis días desde Leticia. Este tiempo se extiende aún más si se tiene en cuenta que es necesario cruzar a Brasil, lo que requiere una coordinación de alto nivel entre ambos países.
Sin coordinación con las autoridades de Brasil, las operaciones de destrucción de dragas pueden ser una pérdida de tiempo. Incluso si los oficiales de seguridad logran llegar al río Pureté, las dragas pueden escapar fácilmente del operativo solo con ser movidas al otro lado de la frontera, explicó uno de los funcionarios.
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