El regreso de un exdirector de la policía de Honduras, quien huyó del país después de capturar a una serie de importantes narcotraficantes, es la primera señal de que la presidenta Xiomara Castro reformará las fuerzas de seguridad del país, pero esta no será tarea fácil.
Ramón Sabillón, designado ministro de Seguridad por Castro el 27 de enero pasado, había vivido el lustro anterior en el exilio. Sabillón se marchó porque temía por su seguridad. En varias entrevistas declaró que había desempeñado su trabajo demasiado bien al arrestar a traficantes e implicar a políticos en el tráfico de drogas.
En 2014, Sabillón coordinó las capturas de las cabezas del clan narco de los Valle. Posteriormente, fue destituido por el entonces presidente Juan Orlando Hernández.
VEA TAMBIÉN: Se aclara el supuesto rol del presidente de Honduras en conspiración para traficar drogas
Sabillón salió de Honduras en 2016, después de que se conocieran documentos que presuntamente lo implicaban en el encubrimiento de la participación de la policía en el caso del magnicidio del zar antidrogas en 2009. Sabillón alegó más adelante que el gobierno fabricó los documentos con el fin de “neutralizar a la policía nacional hondureña”. Según Univisión, ahora existe la “creencia generalizada de que [los documentos] fueron manipulados con fines políticos”.
A su regreso a Honduras, Sabillón declaró con aire de victoria que estaba dispuesto a trabajar para la presidenta Castro. Afirmó que planea seguir extraditando traficantes en su cargo como ministro de Seguridad.
Análisis de InSight Crime
Aunque el retorno de Sabillon puede ser un paso promisorio tras años de corrupción, Castro enfrenta un sinnúmero de desafíos en el propósito de erradicar el narcotráfico y la corrupción que llegan a los más altos niveles de las fuerzas de seguridad y el gobierno hondureños.
Para empezar, la nueva presidenta recibe una fuerza de seguridad altamente infiltrada por narcos y sus representantes. El ejército y la policía escoltaban cargamentos de cocaína por órdenes de altos funcionarios de gobierno, según testimonios escuchados durante el proceso de Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del expresidente Hernández. Tony Hernández fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos en octubre de 2019.
Varios altos funcionarios de seguridad hondureños fueron señalados, en los expedientes del juzgado estadounidense, de tener nexos con conspiraciones internacionales para traficar drogas. Entre ellos se encontraba el exministro de seguridad Julián Pacheco (2015-2022), quien al parecer brindó protección a una caravana que transportaba drogas de Honduras hacia Guatemala.
VEA TAMBIÉN: 3 lecciones de seguridad que deja la victoria de Xiomara Castro en Honduras
El predecesor de Sabillón al frente de la policía, Juan Carlos Bonilla Valladares (2012-2013), fue imputado en 2020 por fiscales estadounidenses, por presunta protección de cargamentos de cocaína en nombre de la red narco de Tony Hernández.
Castro también debe enfrentar la posibilidad de que su predecesor sea imputado por Estados Unidos próximamente.
Tiziano Breda, analista central del International Crisis Group para Centroamérica, recalcó los desafíos que enfrenta Castro en la reforma a la política de drogas y seguridad en Honduras, mencionando como motivos de preocupación las debilidades institucionales y los “altísimos índices de impunidad”.
“No solo hereda una compleja situación de seguridad, sino que además recibe instituciones mal preparadas para enfrentarla”, comentó Breda en entrevista con InSight Crime. “Con la designación de un nuevo ministro, no hay garantía de que pueda sanear las fuerzas de seguridad”.
SUSCRIBIRME