Diversas fuentes de Estados Unidos y El Salvador afirman que la reciente decisión de detener temporalmente la extradición de varios de los principales líderes de la MS13 para enfrentar cargos en Estados Unidos puede estar relacionada con un pacto no oficial entre la pandilla y el gobierno salvadoreño. Sin embargo, el caso, así como la existencia del pacto como tal, son todavía difíciles de descifrar.
Las explosivas afirmaciones sobre las extradiciones provinieron de media docena de fuentes, varias de las cuales son muy cercanas a la investigación de Estados Unidos en torno a 15 altos mandos de la Mara Salvatrucha (MS13) por terrorismo y otros delitos asociados, expuesta en dos acusaciones generales presentadas en el último año.
Los actuales funcionarios del gobierno de El Salvador, incluido el presidente Nayib Bukele, han negado que exista un pacto con la MS13, la pandilla callejera más grande y llamativa del país.
Sin embargo, los informes de medios de comunicación, organismos no gubernamentales y grupos de expertos publicados en 2020, incluido uno de InSight Crime, señalan que el gobierno y la pandilla tenían un acuerdo en el que, en términos generales, estas últimas acordaron reducir los homicidios y ofrecer apoyo político a cambio de obtener mejores condiciones en las cárceles y tener el control de los programas de ayuda del gobierno en sus áreas de operación.
Es posible que dicho pacto se haya extendido ahora al tema de la extradición, según dijeron algunas fuentes a InSight Crime. Cinco de las fuentes, entre las que había funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Estados Unidos y El Salvador, no quisieron que sus comentarios fueran citados, dado lo sensible del tema. Sin embargo, un funcionario estadounidense, que tiene relaciones con la región y aceptó la publicación de sus comentarios, le dijo a InSight Crime: “Hemos visto informes de conversaciones entre el gobierno y los pandilleros y tenemos que considerar si esto podría tener alguna relación”.
Y agregó: “No sabemos con certeza [por qué retrasaron estas extradiciones]. Claramente están teniendo que sopesar información de la que quizás no tengamos conocimiento sobre cómo las extradiciones podrían afectar las condiciones dentro de El Salvador”.
La decisión de la corte
Estados Unidos ha solicitado la extradición de al menos 15 de los principales líderes de la MS13, así como de un puñado de otros miembros menos conocidos. Catorce de estos líderes son la representación a nivel nacional de la pandilla, conocida como Ranfla Nacional, y en 2012, ayudaron a diseñar una tregua con las otras grandes pandillas que redujeron brevemente los homicidios a la mitad.
Esa tregua se rompió en algún momento alrededor de 2014, la violencia se disparó, y en los últimos cuatro años, El Salvador ha extraditado a 13 miembros de la MS13 a Estados Unidos para enfrentar numerosos cargos, según un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos publicado en 2020, incluyendo al menos dos durante la administración de Bukele.
Todas estas extradiciones tenían que ser aprobadas por la Corte Suprema de El Salvador, y por eso fue que los casos de dos miembros acusados recientemente llegaron a la Corte Suprema el 10 de junio, incluido el de Armando Eliu Melgar Díaz, alias “Blue”, el primer miembro de la MS13 acusado de terrorismo en Estados Unidos, en julio de 2020.
El audio del debate interno fue obtenido por La Prensa Gráfica, medio que señaló que los magistrados inicialmente votaron por unanimidad a favor de la extradición de Blue, y que luego varios magistrados se opusieron repentinamente a la segunda extradición de un pandillero menos conocido que había sido acusado de asesinato, siendo aún menor de edad, en Estados Unidos.
El argumento de los magistrados, según se escucha en el audio, se centró en la dura sentencia que Estados Unidos podría imponer al “menor” (quien ahora tiene 21 años), pero luego se centró de nuevo en el caso de Blue y amplió el debate con el fin de considerar las implicaciones para la Constitución de El Salvador y para el país en general.
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“Las reacciones que pueda ocasionar las situaciones que la legislación norteamericana puede permitirles a ellos, en relación a las personas delincuentes, no solo nos van a afectar a nosotros como país, sino a la sociedad como un todo e incluso a todos los habitantes de la República”, dijo el magistrado José Ángel Pérez Chacón, uno de los miembros recientemente nombrados para la corte.
Pérez Chacón y otros magistrados le pidieron entonces al tribunal “reconsiderar” la decisión de extraditar a Blue, y volvieron a votar. Esta vez la votación fue de ocho a cinco, aún a favor de la extradición. Sin embargo, desde entonces los magistrados han puesto obstáculos burocráticos, según informó La Prensa Gráfica, argumentando que se podrían violar los derechos humanos de Blue.
La extradición de Blue sigue en espera, al igual que las de los otros 14 altos miembros de la Ranfla Nacional, mientras que La Prensa Gráfica indicó que el papeleo para estas extradiciones también podría haber "traspapelado".
La conexión Bukele
La decisión de la corte de retrasar la extradición de Blue se produjo pocas semanas después de que la recién elegida legislatura de El Salvador destituyera al fiscal general y a cinco miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Las fuentes consultadas por InSight Crime, así como una fuente legislativa citada por La Prensa Gráfica, dijeron que los dos eventos estaban relacionados.
La remoción de la Cámara y del fiscal general permitió avanzar en los intereses de Bukele de varias maneras. La Sala Constitucional se había opuesto a algunas de las medidas de Bukele durante la pandemia, y el fiscal general se encontraba investigando a los aliados del presidente por corrupción. También le permitió a Bukele ejercer más control sobre la nueva corte, y las fuentes sugieren que también pudo haber sido parte de un plan para aplacar a las pandillas en cuanto al tema de la extradición.
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En efecto, después de las elecciones legislativas de febrero de 2021, el Congreso del país está dominado por el partido político de Bukele, Nuevas Ideas, y sus aliados, quienes nombraron al menos a cuatro integrantes leales a Bukele, incluido Pérez Chacón, para la nueva Cámara Constitucional. Hasta su nombramiento, por ejemplo, Pérez Chacón había formado parte de la Secretaría Jurídica de la Presidencia.
Los nuevos magistrados nombrados por Bukele también fueron los que se opusieron a la extradición de Blue, según el informe de La Prensa Gráfica.
El 30 de junio, después de una maratónica sesión, la legislatura nombró a otros cinco magistrados, aumentando aparentemente las probabilidades de que el nuevo tribunal falle de acuerdo con la administración de Bukele, cuando asuman el cargo el 1 de julio. Según El Faro, al menos uno de los magistrados nombrados trabajó con el gobierno de Bukele como director de Minería y Petróleo en el Ministerio de Economía.
InSight Crime trató de contactar a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y al Departamento de Justicia de Estados Unidos para conocer su versión, sin embargo, al momento de esta publicación, ninguno respondió.
Una relación tensa
El retraso de las extradiciones se produce cuando Estados Unidos está presionando por más cooperación de El Salvador en materia de seguridad y corrupción con la esperanza de detener la migración. Enfrentar la violencia de las pandillas es un componente clave de esta cooperación, ya que las pandillas son un factor importante y muchas como la MS13 operan tanto en los Estados Unidos como en El Salvador.
Pero las relaciones están tensas. Tras la decisión del Congreso de destituir a los magistrados de la Sala Constitucional, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, le dijo a Bukele que "un poder judicial independiente es esencial para la gobernanza democrática".
Bukele respondió de vuelta.
"Estamos limpiando nuestra casa", respondió a través de su cuenta de Twitter.
Las consecuencias de este retraso aún no están claras, y el tribunal puede decidir aún extraditar. Sin embargo, mientras tanto, Estados Unidos sólo puede esperar y seguir presionando.
"Nuestra mejor opción es usar nuestras herramientas de cooperación judicial que tenemos preparadas", dijo el funcionario de EE.UU. "Hemos perseguido esto hasta ahora. Vamos a seguir persiguiendo esto en caso de que tengan un nexo con EE.UU. así que sólo vamos a usar las herramientas que tenemos y argumentar que tenemos un interés judicial en estas personas que cometieron crímenes en los Estados Unidos".
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