Un informe publicado recientemente advierte que los pactos hechos entre pandillas y funcionarios públicos para reducir los homicidios en El Salvador no hacen más que promover el uso de las desapariciones forzadas por parte de las pandillas, que buscan mantener su capital político y control territorial.
El informe, publicado en abril por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), organización sin ánimo de lucro dedicada a promover el Estado de Derecho en El Salvador, examinó unas 20.000 desapariciones entre 2014 y 2019 con base en los registros del Ministerio Público y de la Policía Nacional.
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Los municipios con mayor número de casos de desaparición coinciden con aquellos que tienen mayor presencia de pandillas y los índices de criminalidad más altos, según el informe.
"La evidencia empírica indica que la mayor parte de desapariciones de personas se producen en entornos donde predominan la precariedad, la exclusión, la desigualdad y una fuerte presencia de pandillas, lo que favorece la estigmatización de las víctimas y sus familias", escriben los autores del informe.
En los últimos años aumentaron las denuncias de personas desaparecidas en el país y se encontraron fosas comunes con mayor frecuencia. Entre 2014 y 2016, el Ministerio Público identificó 158 fosas clandestinas, casi el doble de las 80 descubiertas durante los ocho años anteriores, según la FESPAD.
Los investigadores señalan el año 2013 como un "punto de inflexión" en cuanto a las fosas comunes. Su proliferación, dice el informe, se produjo un año después de que las tres principales pandillas del país —la MS13, Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios— acordaran poner fin a los asesinatos. La denominada tregua fue negociada por mediadores apoyados por el gobierno, quienes les otorgaron beneficios a los líderes de las pandillas que se encontraban en prisión a cambio de que redujeran la violencia.
Sin embargo, la tregua coincidió con el aumento abrupto de las denuncias de desapariciones, como señala el informe.
Las víctimas, se presume, "habían sido asesinadas en el contexto de la negociación entre el gobierno y las pandillas", escriben los autores.
Análisis de InSight Crime
Las pandillas de El Salvador persiguen un doble propósito con las desapariciones forzadas.
En primer lugar, anota el informe, han utilizado las desapariciones como una "práctica eficiente" para garantizar la impunidad y, al mismo tiempo, provocar terror entre las comunidades.
Las pandillas todavía dependen en gran medida del control territorial y social, siendo la extorsión su principal fuente de ingresos. Las desapariciones pueden servir para afianzar este control, lo que podría explicar por qué estos hechos ocurren, en su mayoría, en territorios con fuerte presencia de pandillas.
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Las desapariciones forzadas que llevan a cabo las pandillas son, además, sistemáticas. Las víctimas casi siempre son secuestradas, torturadas y asesinadas, y luego son enterradas en fosas clandestinas. En muchos casos, sus restos nunca son encontrados.
En segundo lugar, la tregua le permitió a las pandillas darse cuenta de que su capital político proviene de su capacidad para influir en las cifras de homicidios. Así pues, sus integrantes recurren a las desapariciones forzadas cuando los asesinatos públicos no son posibles, lo que les ayuda a mantener el orden y la cohesión de sus organizaciones.
Los líderes de las pandillas autorizan los asesinatos como una forma extrema de disciplina frente a las traiciones, mientras que los cabecillas jóvenes de las diversas clicas quizá desean eliminar a sus rivales, pero no enemistarse con los líderes encarcelados que están aprovechando la reducción de la violencia para obtener beneficios.
Esto podría explicar por qué durante la tregua hubo una disminución en los homicidios registrados y un aumento de las desapariciones.
Esta no es la primera vez que estos grupos utilizan su influencia sobre los índices de homicidios. Los partidos políticos de todos los colores han hecho pactos con pandillas, a menudo justo antes de las elecciones más importantes, o en otros momentos en que los funcionarios públicos quieren extender una apariencia de paz y seguridad.
Por ejemplo, el actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha atribuido la reciente disminución de los asesinatos en el país a su Plan de Control Territorial y a la represión contra las pandillas. No obstante, Bukele también ha sido señalado de haber negociado con la MS13 para reducir los homicidios.
Adicionalmente, está siendo cuestionado por las constantes desapariciones que agobian al país.
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