En un momento en que Panamá enfrenta dificultades para contener el flujo creciente de cocaína, se revela el papel de funcionarios estatales como facilitadores del tráfico de estupefacientes.
Una serie de operativos realizados a comienzos de septiembre llevaron a la captura de 27 personas por tráfico de drogas hacia Europa y Estados Unidos. Esta operación se realizó en conjunto con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.
Entre los detenidos se encuentran miembros en servicio de las Fuerzas Aéreas y la Marina de Panamá, un capitán de la guardia presidencial, un juez suplente y personal de seguridad aeroportuaria, según informó el fiscal general de Panamá, Javier Caraballo, en una conferencia de prensa. También fue detenido un alto funcionario de la Fiscalía General por presuntamente ayudar al grupo a legitimar las ganancias obtenidas del tráfico de drogas.
En los pasados 18 meses, el grupo fue vinculado al transporte de cinco cargamentos de estupefacientes por Panamá, cuyas ganancias se inyectaron a programas de gasto público, aunque no se divulgaron mayores detalles sobre este esquema.
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El jefe de la red fue identificado como Fernando Sixto Mendoza, narcotraficante convicto que quedó libre en 2019 después de purgar una sentencia de 15 años, pero quien no tardó en crear una nueva red.
Según notas de medios panameños, la red criminal recibía cocaína desde Colombia, la cual arribaba en lanchas rápidas a Farallón, centro turístico de playa sobre la costa Pacífica, al suroeste de Ciudad de Panamá. El capitán de la guardia presidencial está indiciado como la persona a cargo de recibir la droga y transportarla a puntos de almacenamiento designados.
Parte de los estupefacientes llegarían al aeropuerto internacional Tocumen, en Ciudad de Panamá, donde empleados de servicios de mensajería los ocultaban en cargamentos que se dirigían a Estados Unidos y Europa.
Análisis de InSight Crime
Como respuesta a los volúmenes récord de cocaína que están ingresando al país, Panamá emprendió una dura campaña contra pandillas y funcionarios públicos que faciliten el trasiego de drogas de Colombia hacia Europa y Estados Unidos.
Este es el segundo operativo antinarcóticos a gran escala que se ha llevado a cabo este año con ayuda de la DEA. En abril, las fuerzas de seguridad atacaron a Bagdad, una de las más grandes pandillas del país, cuyos miembros se dedican al transporte de narcóticos.
Los operativos contra Bagdad también revelaron la corrupción existente en la policía panameña, tras el descubrimiento de una lista de agentes que alertaban a los pandilleros sobre acciones policiales y que incluso les proveían protección.
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Este segundo operativo completa otra pieza del rompecabezas, que demuestra que las fuerzas de seguridad, funcionarios del gobierno y empleados de infraestructura vital para el país trabajan de la mano en el trasiego de drogas y el lavado de las rentas ilegales generadas por esta actividad.
Panamá se ha convertido en una escala crucial en la autopista de la cocaína en Centroamérica, con un flujo interno de narcóticos vía marítima, terrestre y aérea. Por esta razón, no sorprende que la infraestructura interna que sostiene el narcotráfico en el país evolucionara a la par con este flujo.
Y la amplia diversidad de funcionarios gubernamentales, judiciales y de seguridad involucrados en este caso no solo apunta a manzanas podridas, sino a una cultura de participación criminal activa dentro del Estado panameño, que estaría tomando fuerza.
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