Paraguay ha sido por mucho tiempo un eslabón clave en la cadena de narcotráfico en Suramérica, pero su importancia ha crecido con la entrada en escena de nuevos actores y economías criminales.
InSight Crime pasó dos años registrando la evolución del crimen organizado en Paraguay, tiempo en el cual visitó 11 departamentos en la frontera con Brasil y Argentina, como parte de una investigación amplia sobre las dinámicas criminales transfronterizas.
A continuación, presentamos las tres conclusiones principales de la investigación de InSight Crime:
Diversificación criminal
La relevancia de Paraguay como foco del crimen se deriva de su posición como mayor productor de marihuana en Suramérica, con lo cual abastece los mercados de consumo de Brasil y Argentina.
Esto no ha cambiado: se estima que Paraguay produjo 40.000 toneladas de cannabis en 2019, pero los grupos criminales se están decantando hacia nuevas actividades, en especial la producción de cocaína.
En áreas donde la única economía criminal fue en un tiempo el tráfico de marihuana, como en el departamento de Alto Paraguay, al norte, las autoridades han descubierto un buen número de laboratorios equipados para el procesamiento de cocaína y sus derivados.
Además, en Paraguay hay menos restricciones para el abastecimiento de los químicos requeridos para producir cocaína que en países de mayor extensión, como Bolivia, lo que eleva el atractivo del país como ubicación alternativa para el procesamiento del alcaloide.
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En el departamento de Itapúa, al sur del país, foco de tráfico de marihuana, el incremento del turismo trajo consigo la trata de personas, con la explotación sexual o el trabajo no remunerado de menores de edad.
Con más economías criminales, Paraguay constituye un prospecto más atractivo para los grupos internacionales, incluidas las conocidas pandillas del Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) y el Comando Rojo (Comando Vermelho, CV). Ambos han hecho agresivas movidas para establecerse en la frontera entre Paraguay y Brasil.
En la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, las incursiones del PCC en el tráfico de cocaína y marihuana han alterado el balance criminal y atizado la confrontación entre grupos cada vez más fragmentados.
En consecuencia, se disparó la tasa de homicidios del departamento: en 2020, Amambay representó cerca del 35 por ciento de los homicidios en todo Paraguay, según una investigación de InSight Crime.
El PCC también ha buscado afianzarse en las prisiones paraguayas, aprovechando la fuerte sobrepoblación para reclutar nuevos miembros.
La “democratización” del contrabando
Alguna vez controlado por una cerrada élite política, la próspera economía del contrabando en Paraguay se está haciendo más accesible que nunca a actores criminales menores y políticos de menor nivel.
El debilitamiento del monopolio de las élites sobre el contrabando ha llevado a esta actividad a funcionar como una economía de mercado regular, que responde a los cambios de la oferta y la demanda.
Con el acceso de estas rentas a una población más diversa, esta actividad criminal se ha convertido en un mecanismo importante para financiar campañas políticas, lo que a la vez ha degradado el proceso electoral.
La llegada de grupos criminales internacionales a la frontera de Paraguay con Brasil también ha impactado el contrabando, pues grupos locales asentados en Pedro Juan Caballero ahora venden buena parte de sus mercancías falsificadas a compradores extranjeros.
Tráfico de narcóticos y protección política
La relación entre la política y el crimen organizado también presenta una evolución, con el creciente interés por el narcotráfico entre personajes en la función pública.
InSight Crime investigó cómo, en un caso, un presunto narco llamado Reynaldo ‘Cucho’ Cabaña conspiró con el diputado paraguayo Ulises Quintana para proteger cargamentos de cocaína a cambio de dineros ilícitos.
La relación de ambos tipifica un patrón más generalizado: la creciente importancia del dinero del narco en las campañas políticas.
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Quintana además es un ejemplo de un político de menor rango que entró a los círculos criminales que alguna vez controlaban las élites, gracias a su presunta relación con el crimen organizado.
Cabaña exhibe una trayectoria similar, pues se inició como traficante menor antes de expandir su empresa criminal al explotar la relación simbiótica entre traficantes políticos que reciben dinero del narco para brindarles protección.
Dicha protección ha hecho posible que grupos más pequeños funden empresas criminales que se extienden a diferentes etapas de la cadena de suministros, incluidos el trasbordo y la producción de narcóticos.
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