Un juez en Argentina ha sido acusado de dirigir una red de corrupción que incluía abogados y un funcionario de aduanas asesinado, en un caso que ilustra un patrón de jueces acusados de orquestar planes de soborno.
El 5 de mayo, el juez federal Walter Bento, fue imputado por la Fiscalía General de Mendoza por asociación ilícita, cobro de sobornos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Al menos seis presos imputados por contrabando, narcotráfico y documentación apócrifa pagaron coimas entre 50 y 200 mil dólares a la red criminal del juez para quedar en libertad.
Los fiscales dicen que Bento estaba a cargo de la red, que incluía a tres abogados y un exfuncionario de aduanas, Diego Aliaga, que fue secuestrado y asesinado por asaltantes desconocidos en julio de 2020. Aliaga habría actuado como intermediario, reuniéndose con los abogados y dándoles instrucciones del juez, según el diario Clarín. Un total de 16 personas, entre ellas Bento, han sido acusadas de soborno.
El abogado de Bento le dijo a Clarín que los cargos contra su cliente son el resultado de "un fiscal enemigo". Si es condenado, Bento enfrenta una sentencia de cinco a 41 años de prisión.
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Este no es el único caso en el que los jueces federales argentinos están acusados de planes de soborno. En 2015, Raúl Reynoso, un juez federal en la ciudad fronteriza norteña de Orán, fue acusado de soborno y de favorecer a los pequeños y grandes narcotraficantes que operan en la frontera entre Argentina y Bolivia. El juez Reynoso, que fue condenado a 13 años de prisión, había sido reconocido anteriormente por su trabajo en la lucha contra el tráfico de estupefacientes.
Asimismo, el juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, fue imputado por integrar la red de contrabandistas de Itatí, la cual se encargaba de transportar marihuana producida en Paraguay hasta la pequeña ciudad de Itatí en Corrientes y luego transportarla hasta las principales ciudades de Argentina. Se cree que la red tenía la capacidad de transportar hasta seis toneladas de marihuana por semana.
Soto Dávila, dijeron los fiscales, trabajó con dos de sus secretarios y cinco abogados que representaban a personas acusadas de tráfico de drogas para proteger la red de contrabando. Juntos, negociaron demoras en las investigaciones o obtuvieron sentencias reducidas a cambio de pagos, dijeron los fiscales.
Análisis de InSight Crime
Los casos de corrupción en el sistema judicial federal en Argentina no son un fenómeno reciente. Por años, las élites políticas del país, a nivel local y nacional han estado relacionadas con actividades criminales y han tratado de continuar impunes con la ayuda del sistema judicial.
La actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ha sido acusada en varias oportunidades por corrupción y los jueces alrededor de los casos que la involucran también enfrentan investigaciones.
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En el sistema federal de Argentina, los jueces son responsables de la investigación de delitos como el narcotráfico y el soborno, casos que a menudo se cruzan con los intereses de políticos y grupos del crimen organizado.
Casos como el del juez Soto Dávila son bastante ilustrativos. También puede ocurrir que en beneficio de las mismas élites los jueces sean ubicados para servir a sus intereses, situación que escala a nivel nacional.
Los niveles de corrupción e impunidad en las diferentes ramas del poder ejecutivo y judicial han afectado la percepción de la población frente a la efectividad del sistema. Para 2020, Argentina ocupó el puesto 78 entre 180 países en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, retrocediendo 12 puestos con respecto al 2019. Analistas explican que el retroceso responde a los constantes intentos del ejecutivo de pasar por encima del poder judicial.
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