Décadas de inactividad e ineficiencia en la lucha contra delitos ambientales en el Amazonas han llevado a Brasil, Colombia y Perú a tomar medidas cada vez más drásticas: desplegar tropas militares en la selva con el fin de poner freno el tráfico de madera, la minería ilegal y otras economías depredadoras.
Sin embargo, el Amazonas sigue siendo devastado a velocidades alarmantes.
Los más recientes operativos militares en estos países a duras penas han logrado marcar una diferencia significativa.
Colombia, que en 2019 anunció el uso de militares para frenar la deforestación, ha registrado vastas extensiones de selva destrozada a pesar del despliegue de soldados en el marco de la Operación Artemisa. En Perú, los efectivos militares enviados a expulsar a los mineros en Madre de Dios se han quedado cortos ante la destrucción de 10.000 hectáreas de selva en 2019. Y la Operación Brasil Verde, en cabeza del presidente de Brasil Jair Bolsonaro, lanzada en agosto de 2019 —luego de que los incendios en el Amazonas acapararan la atención mundial— no ha surtido los efectos esperados en su segunda fase.
De hecho, el involucramiento de militares puede llegar a ser peor en algunos casos. En Colombia, los conflictos entre el ejército y algunos grupos armados ilegales tienen atrapadas a decenas de comunidades rurales e indígenas. En Brasil, la falta de entrenamiento especializado hace prácticamente imposible que los soldados eviten la tala ilegal.
A continuación, InSight Crime presenta un análisis detallado sobre las causas de los infructuosos intentos por impedir la deforestación en el Amazonas mediante el uso de tropas militares.
1. La selva como campo de batalla: falta de entrenamiento especializado
A pesar de que Bolsonaro puso al ejército al frente de las intervenciones para combatir los delitos ambientales en el Amazonas brasileño, los resultados no han estado a la altura de las expectativas, según una investigación de Reuters publicada en marzo.
Varias pilas de Castanheira, una especie protegida de árbol castaño, se hicieron pasar por abarco, una variedad de madera cuya tala es legal y es empleada en la elaboración de muebles. Aunque las autoridades ambientales son capaces de hacer estas distinciones, los soldados muchas veces son incapaces de hacerlo, como lo señaló un funcionario al servicio del organismo ambiental brasileño (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA) en declaraciones a la agencia de noticias.
Organismos como el IBAMA han enfrentado importantes recortes de presupuesto. Bolsonaro incluso ha autorizado al ejército para que pueda operar en nombre del organismo de conservación de biodiversidad (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio).
En el momento de preguntarle por la capacidad del ejército en combatir la variedad de crímenes ambientales, un portavoz del Ministerio de Defensa brasileño manifestó a InSight Crime a través de un mensaje de correo electrónico que las valoraciones y decomisos hechos en el marco de la Operación Brasil Verde 2 han sido puestos bajo la “jurisdicción exclusiva” de los agentes de los organismos de protección ambiental que acompañan a las tropas en las misiones.
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El problema de tener al ejército liderando la lucha contra los delitos ambientales y la deforestación es que no es una función distintiva de una fuerza de combate.
En Colombia, por ejemplo, el ejército ya cuenta con la tarea de desmantelar organizaciones de narcotráfico y combatir grupos armados no estatales. El peso adicional de proteger las zonas selváticas del país ha generado un descontento entre sus propias filas, según informó La Silla Vacía.
Un soldado retirado declaró a este medio que los soldados sienten que la Operación Artemisa debe ser responsabilidad de la Policía Nacional. Y un alto funcionario del gobierno del sector de defensa reveló que algunos comandantes del ejército habían estado renuentes a combatir los crímenes ambientales en lugar de atacar a las estructuras armadas ilícitas.
2. Disparando en la oscuridad: ausencia de enemigos visibles
Las fuerzas militares suelen estar entrenadas para identificar y perseguir enemigos específicos. En la lucha contra los delitos ambientales, no siempre es claro quién es el adversario a seguir. Muchas veces, las tropas llegan cuando el daño ya está hecho y el rastro de los perpetradores es prácticamente inexistente.
Algunos agentes del IBAMA declararon a Reuters que después de un recorrido de cuatro horas para interceptar a taladores ilegales que derribaban árboles cerca del Rio Novo, en Brasil, soldados y miembros del IBAMA llegaron a un lugar deforestado y abandonado.
El reportaje de Reuters también develó la gran variedad de actores involucrados en la destrucción de las selvas tropicales.
Primero los taladores ilegales cortan y se llevan la madera más valiosa, y luego los campesinos ocupan la tierra, arrasando con lo que queda. Los papeles y escrituras de las tierras también son falsificados para facilitar la ocupación de las propiedades, señala el reportaje.
Aunque pueda parecer que detrás de esto existe una compleja red de crimen organizado, no todos los actores tienen la misma responsabilidad. Los campesinos más vulnerables han ocupado el Amazonas como una forma de subsistencia.
Entre tanto, los ilegales emplean a la población rural para que despeje extensas áreas de tierra para el cultivo de coca y construcción de pistas clandestinas para narcoavionetas. Los grupos criminales han dado órdenes a las comunidades locales de cortar y quemar los árboles de zonas de reserva de la región amazónica con el fin de abrir campo a los sembradíos de coca.
Lo anterior puede crear confusiones sobre quién exactamente debe ser el objetivo central de las intervenciones militares, y los residentes corren el riesgo de quedar atrapados en el fuego cruzado. Habitantes del departamento de Meta, en Colombia, declararon a BBC Mundo que la Operación Artemisa dejó a los campesinos atrapados en medio de la “guerra”, con parte de su ganado perdido y familias enteras desalojadas de sus hogares.
Un informe de 2020 de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), advertía que los intentos militaristas de protección del medio ambiente suponían el riesgo de que los soldados consideraran a la población local como “invasores” y los convirtiera en objetivos militares. Todo eso ocurría mientras 98.000 hectáreas de selva de la selva amazónica se perdían en el trascurso del 2019.
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3. Apuntando a los eslabones más débiles de la cadena
A comienzos de marzo, Mongabay informó sobre la captura de 68 personas en el marco de la Operación Artemisa, en diciembre de 2020, citando datos del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia. Pero una fuente anónima de la Fiscalía General de la Nación dijo al medio que ninguno de los capturados era un “gran financiador” de la deforestación.
Este patrón se repite en todo el Amazonas. En la región de Madre de Dios, en Perú, los pequeños mineros informales han sido el blanco de la Operación Mercurio. Sin embargo, los empresarios que lavan el oro de origen ilegal por medio de empresas de papel son mucho más difíciles de atrapar que aquellos que lo extraen directamente.
Por otro lado, aunque el ejército brasileño asumió un rol de mayor protagonismo en la protección de las selvas del Amazonas, el IBAMA ha sido incapaz de judicializar a las cabezas principales de las redes dedicadas a la tala y la minería ilegal, según funcionarios locales que hablaron con Associated Press el año pasado. Los delegados también revelaron cómo los vendedores de carne que se abastecen de ganado procedente de zonas deforestadas operan libremente en la región.
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