Un año después de la reforma de Honduras a su ley sobre lavado de dinero, han quedado en libertad docenas de personas señaladas de tener vínculos con el crimen organizado, y se especula que es un intento por proteger a quienes están en el poder.
Al menos 45 sospechosos de nexos con el crimen organizado han sido excarcelados en el último año después de que los casos quedaran sobreseídos tras la aprobación de una controvertida reforma a la Ley Especial de Lavado de Activos en Honduras, según señala una investigación de El Heraldo, publicada el 25 de octubre.
El gobierno hondureño publicó cambios jurídicos a la ley en su gaceta oficial del pasado noviembre de 2021, después de la aprobación de la reforma en el Congreso.
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Estas declaran que a partir de ese momento, no será suficiente demostrar que una persona goza de una fortuna no justificada para acusarla de lavado de dinero. En lugar en eso, los fiscales debían conectar de manera concluyente los activos sospechosos con otro delito, como tráfico de armas o narcóticos. Encima de eso, los investigadores ya no tendrían acceso a los registros financieros de una persona o empresa sospechosa a menos que un juez lo haya autorizado con antelación.
Casi un año después de la sanción de la reforma, El Heraldo publicó una lista de 45 personas que recobraron su libertad gracias a ella, a pesar de estar señaladas de actuar como testaferros para carteles de drogas. Entre ellos se destacan el exdiputado Seth Paisano Wood y su hermano Roberto. Como lo informó InSight Crime, estos eran sospechosos de manejar una red de tráfico de drogas en el departamento de Gracias a Dios, al este de Honduras. Pero nunca fueron acusados formalmente. Los hermanos Paisano Wood fueron condenados por lavado de dinero cuando los fiscales encontraron que su fortuna no tenía soporte legal ni económico. Pero después de pasar dos años en prisión, ambos fueron liberados menos de dos semanas después de la aprobación de la reforma.
Otras cinco personas fueron excarceladas después de ser puestas en custodia en 2019 en el marco de la Operación Arcano, que descubrió que varias empresas de construcción, maquinaria pesada e hidrocarburos no tenían ingresos que justificaran sus activos. Los dueños fueron señalados de lavar dinero para narcotraficantes hondureños declarados, como el clan Valle Valle.
Análisis de InSight Crime
En un país en el que un expresidente fue extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, es sospechoso que se tome la decisión de poner mayores obstáculos a la judicialización de los acusados de lavado de dinero.
Y ante al sobreseimiento de cargos sobre varios servidores públicos gracias a la reforma, se levanta un interrogante sobre los motivos de los legisladores que la aprobaron.
La reforma ha sido blanco de duras críticas. Según Luis Javier Santos, fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO), esta reforma ha dado a delincuentes inmunidad frente a acciones judiciales, y ha permitido a otros recobrar la libertad.
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"Así han salido bandas enteras", dijo Santos a InSight Crime, y agregó que "si sacaran la estadística de todas las personas que han sido liberadas por esa reforma, quedaría sorprendido".
Según Santos, se sabía de las consecuencias de la reforma. “El Decreto 093-2021 se aprueba como parte de todo un plan para poder limitar y poderse blindar contra las futuras investigaciones", afirmó.
Ha habido intentos de derogar la reforma. En enero, el Ministerio Público interpuso un recurso de inconstitucionalidad sobre la enmienda pues no se consultó a la Corte Suprema sobre su legalidad. En un comunicado de prensa, la condenaron como "garantía de impunidad otorgada por la legislatura al crimen organizado de cuello blanco".
Pero esta reforma sigue un patrón.
En 2019, el Congreso hondureño sancionó una polémica ley que recibió críticas porque protegía a políticos de investigaciones por malversación de recursos públicos. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro también fue blanco de críticas en febrero pasado por un plan de otorgar amnistía a funcionarios que hubieran servido en el mandato de su esposo, el expresidente Manuel Zelaya (2006-2009).
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