Más del 90 por ciento del personal activo en la Guardia Nacional de México sigue sin recibir certificación dos años después de la creación de ese organismo de seguridad, lo que señala el fracaso de una meta bandera del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien defendió la creación del nuevo cuerpo.
Aunque la ley de mayo de 2019, que estableció la creación de la Guardia Nacional, dictaba que todos sus agentes debían ser evaluados en el curso de los dos años siguientes, en junio de 2021 aún había 90.000 sin certificar, según un reportaje de Animal Político. Para obtener la certificación, los agentes deben aprobar evaluaciones de adiestramiento básico, aptitud física y psicológica, y pruebas de polígrafo y toxicología.
Muchos agentes que se sometieron a los exámenes no los aprobaron. De cerca de 2.400 aspirantes evaluados entre julio de 2019 y marzo de 2021, más de la mitad reprobaron, según Animal Político.
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En efecto, las certificaciones de la Guardia están muy por detrás de las de otros cuerpos policiales de México. Alrededor del 65 por ciento de los agentes de policía estatal y municipal están certificados, según halló Animal Político.
Al momento de su posesión, en diciembre de 2018, el presidente López Obrador hizo de la creación de la Guardia Nacional un elemento clave de su estrategia de gobierno para combatir la oleada de criminalidad.
La Guardia ha levantado polémica desde su inicio por sus nexos con el ejército. El exgeneral del Ejército Luis Rodríguez Bucio fue puesto al mando, y se denuncia que cerca del 75 por ciento de sus miembros provienen de las fuerzas armadas, como señala Animal Político.
Análisis de InSight Crime
Aunque los organismos policiales de México han padecido por mucho tiempo problemas de aptitud para el servicio, la no certificación de más del 90 por ciento de la Guardia Nacional seguramente levantará nuevas críticas sobre esta institución, que según grupos de derechos humanos está mal preparada para vigilar la población civil.
Los críticos de la estrategia de militarización de la policía en México llevan mucho tiempo señalando un historial de contingentes implicados en violaciones a los derechos humanos, tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes. Al momento de creación de la Guardia Nacional, el presidente López Obrador afirmó que la nueva fuerza garantizaría “la paz, pero sin excesos, sin autoritarismo, respetando los derechos humanos”.
Sin embargo, sus unidades ya han estado involucradas en tiroteos y ejecuciones contra la población civil. La esposa de un cultivador de alfalfa murió después de recibir un disparo cuando miembros de la Guardia Nacional abrieron fuego contra el camión del hombre, según una denuncia de Amnistía Internacional. En otro caso, al parecer por error, la Guardia le propinó al menos siete disparos a un Chevy Tahoe que transportaba a funcionarios de la Fiscalía General en el estado de Sonora, al norte del país. El saldo fue una persona muerta y otra herida.
Entre julio y noviembre de 2019, miembros de la Guardia Nacional recibieron 32 quejas de derechos humanos, según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
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Los críticos también han señalado las múltiples tareas que cumple la Guardia Nacional y para las cuales no están entrenados sus miembros. El uso de una institución dominada por militares en esa forma ha creado una crisis de identidad dentro del cuerpo, de manera muy similar a lo que sucede con los organismos policiales más desatendidos en México.
En teoría, el híbrido militar y policial es responsable de labores de vigilancia tradicional, investigaciones criminales, apoyo a programas sociales federales, patrullaje de infraestructura estratégica e instalaciones migratorias, desarticulación de cadenas ilícitas de suministro y protección civil en desastres naturales.
Sin embargo, la fuerza se desplegó inicialmente para la vigilancia de las fronteras mexicanas con el fin de apaciguar las exigencias del expresidente Donald Trump para que México impidiera el paso de migrantes hacia Estados Unidos. Dado que carece de adiestramiento para esa tarea, varios grupos de derechos humanos acusaron a la unidad de abusos y ataques a migrantes indefensos.
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