Cientos de privados de la libertad han muerto en las prisiones de Haití en los últimos meses debido a que los centros penitenciarios de ese país están carcomidos por la corrupción, la violencia de pandillas y los malos manejos.
Los decesos más recientes ocurrieron en los primeros dos días de septiembre en la prisión de Jacmel, al sur de Haití, donde se reportó la muerte de cuatro internos. Es muy probable que su muerte se hubiera debido a malnutrición, problemas respiratorios o inanición, según el diario haitiano Le Nouvelliste. Y también es probable que otros internos hayan muerto después.
Varias organizaciones locales de derechos humanos se han visto forzadas a pedirles a las familias vecinas que compartan comida con la prisión, señaló Le Nouvelliste; igualmente, según el mismo diario, los agentes de la Administración Nacional Penitenciaria les pidieron frutas a los campesinos de la zona para distribuir entre los presos.
Jacmel no es la única prisión haitiana donde se han agudizado los problemas para cubrir las necesidades de sus reclusos. Al menos ocho personas privadas de la libertad murieron en la Penitenciaría Nacional Les Cayes después de que la prisión se quedara sin provisiones hace dos meses, como informó Associated Press (AP). En junio, se publicó en Twitter un video en el que se veía a varios presos malnutridos y esqueléticos agrupados alrededor de un compañero desmayado.
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Los privados de la libertad del país padecen de malnutrición, pasan poco o ningún tiempo al aire libre o en actividades recreativas y se les niegan las visitas, según le dijo a InSight Crime Marie Yolène Gilles, directora ejecutiva de la Fondasyon je Klerk, organización de derechos humanos haitiana. Aunque no es clara la cifra oficial de muertes, las condiciones carcelarias han provocado 41 decesos en los últimos dos meses, según Gilles. Y a lo largo de 2022 se han registrado unas 100 muertes, como le informó a InSight Crime Gédéon Jean, director ejecutivo del Centro de análisis e investigación sobre derechos humanos (Centre d’analyse et de recherche en droits de l'homme, CARDH).
Las cárceles haitianas albergan una gran diversidad de reclusos. Muchos han sido detenidos y apresados de manera arbitraria, por protestar, por pequeños robos o por disputas menores. Pero estos ocupan las mismas celdas de infractores de mayor gravedad, que han pasado años en las cárceles, como los pandilleros Joly Germine, alias “Yonyon”, líder de la pandilla haitiana 400 Mawozo, y Arnel Joseph, quien llegó a ser uno de los criminales más buscados de Haití.
“En general, todos los presos, independientemente de su ofensa o acusación, comparten las mismas celdas. No están divididos por la gravedad de sus delitos”, le dijo a InSight Crime Michelle Karshan, cofundadora y vicepresidenta de la ONG Health Through Walls (Salud tras las rejas).
Según un informe presentado al Consejo de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (UNHCR) al que tuvo acceso InSight Crime, los enfrentamientos armados en las prisiones de Haití demuestran que los presos tienen armas y ayuda de las pandillas y agentes carcelarios. Las cárceles nacionales suelen “padecer escasez de agentes penitenciarios en servicio o en el puesto asignado”, lo que pone en peligro a los presos y al resto de los guardias.
Recientemente, el gobierno haitiano ha estado implementando cada vez con mayor frecuencia la retención de delincuentes deportados de Estados Unidos al llegar a Haití. La policía haitiana ha exigido miles de dólares a las familias de los presos a cambio de su liberación, le relató Karshan a InSight Crime.
Uno de esos presos es Patrick Julney, quien reside en Estados Unidos desde muy corta edad. Fue deportado a Haití en junio de 2022 y, a su llegada, algunos policías le exigieron US$6.000 para dejarlo en libertad, según el portal local de noticias NorthJersey.com. Hasta el 17 de septiembre, Julney continuaba detenido en la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe.
Análisis de InSight Crime
Varios factores han contribuido a la escasez crónica de alimentos y al aumento en el número de muertes en las prisiones de Haití.
El desmoronamiento de las instituciones judiciales en Haití exacerbó los problemas de las prisiones. En junio y julio de este año, las pandillas invadieron tribunales de Puerto Príncipe, donde destruyeron expedientes y evidencias. Eventos como ese reducen extremadamente la posibilidad de los presos de llegar a un juicio justo y generan sobrepoblación en las prisiones del país.
El hacinamiento en las prisiones ha agravado la escasez de alimentos. Es común que los detenidos pasen varios años presos antes de llegar a juicio. Son propensos a perderse en el sistema, “al quedar retenidos sin expedientes de algún tipo que den fe de su permanencia en prisión”, según la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (Réseau National de Défense des Droits Humains, RNDDH).
Para mayo de 2021, la población carcelaria de Haití era de unos 11.580 detenidos, de los cuales apenas 2.071 tenían sentencias dictadas por algún delito, según el informe presentado al Consejo de las Naciones Unidas. Dado que el 82 por ciento de los internos haitianos se encuentran en detención preventiva, las prisiones del país están tres veces por encima de su tasa de ocupación.
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Los retenidos suelen ser dejados en celdas provisionales de unidades de policía por largos periodos para reducir el hacinamiento en las prisiones nacionales, afirma Karshan. Rara vez se les da alimentos a los detenidos, y sus familiares y amigos son quienes deben satisfacer la mayoría de sus necesidades. Pero aun así, el clima general de inseguridad en el país hace casi imposible esa tarea. Los familiares que no pueden llevar alimentos y medicinas a los detenidos ven imposibilitado el desplazamiento por causa de la violencia de pandillas y las protestas masivas en todo el país.
En las prisiones nacionales puede comprarse comida, pero los presos enfrentan varios obstáculos para hacerlo, señala Karshan. En primer lugar, necesitan dinero en efectivo para adquirir alimentos, que se les venden a precios elevados. Todo esto es difícil si se tiene en cuenta que sus familiares rara vez pueden verlos. Las familias pueden transferir dinero a las pandillas que controlan las prisiones, pero antes de que los presos puedan recibir cualquier suma, las pandillas cobran tasas sobre lo consignado.
Y la corrupción generalizada hace más difícil la tarea de quienes pretenden ayudar. Por ejemplo, InSight Crime pudo constatar que la organización de Karshan y otras ONG que llevan víveres a las prisiones haitianas se han visto obligadas a pagar miles de dólares a agentes del gobierno para para que los víveres puedan llegar a su destino.
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